GORE Biobío lleva a Fiscalía la compra de terrenos en la provincia de Arauco por posibles delitos de corrupción

El Gobierno Regional del Biobío ingresó una denuncia en Fiscalía por posibles delitos de corrupción cometidos en la administración anterior en la compra de cinco terrenos que se destinarían a solución habitacional en la provincia de Arauco.

En el 2022, el Consejo Regional aprobó $7 mil 500 millones para adquirir 16 terrenos que beneficiarían a 1.200 familias que no tenían su casa propia. Un testaferro del narcotraficante 'El Palta' pretendía vender su sitio en Curanilahue, con la presunta participación del director del Servicio de Salud Concepción, Víctor Valenzuela, ahora suspendido. Sin embargo, la transacción fue frenada por Contraloría.

Sí se concretó la compra de cinco suelos, "todas ellas sin cumplir con ningún procedimiento formal. No hay tasaciones realizadas por expertos", acusó el gobernador Sergio Giacaman. Cuatro de ellos pertenecen a la Forestal Arauco y uno a un particular.

El pago de este última fue el único que se transfirió, un monto de $452 millones por dos hectáreas. Mientras que las otras le adeudan más de $1 mil millones al GORE con la empresa.

"Están inscritas a nombre del Gobierno Regional y no están en el inventario, con la 'maldad', entiendo yo, y así lo califico, esperando que nosotros en esta administración pagáramos esos terrenos", indicó. Es más, aseguró que "hay un informe de la jefa jurídica de entonces, que indica que no es posible comprar los terrenos"

Lo que denunció el GORE Biobío

El jefe de los abogados del GORE Biobío, Mauricio Bravo, explicó que "lo que se denuncia son compra ventas que se realizan al margen de la legalidad administrativa". Incluso, "eventualmente", se podría incurrir en delitos de corrupción.

Tanto la autoridad como el abogado apuntan a la "inviabilidad" de los proyectos. "No tiene informes técnicos del SERVIU que validen que se podía construir vivienda en esos terrenos", dijo Giacaman. "En este caso inclusive se adquirieron viviendas que se encuentran fuera del plan regulador. En consecuencia, esos terrenos ciertamente no eran aptos para construir casas", apeló Bravo.

Al interior del GORE también se iniciará un sumario para evaluar eventuales responsabilidades administrativas. Aun así, ninguno de los funcionarios involucrados, de la administración de Rodrigo Díaz, continuarían en el presente gobierno.

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