Siete empresas fueron acusadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por haberse coludido, al menos entre los años 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran la centolla que extraen los pescadores artesanales de la región de Magallanes.
Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ocho ejecutivos estarían involucrados en la colusión, quienes se reunían presencialmente, en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales, o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla.
Por lo mismo, la FNE solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de $51.870 millones a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi $424 millones, a los ejecutivos responsables.
De acuerdo a la acusación, las empresas involucradas en la colusión de la centolla son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
"Coordinaban sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada, y retrasaban o contenían las alzas de precios que ocurrían durante todo el periodo extractivo del recurso que va desde julio a noviembre de cada año", señalan desde la FNE.
Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción. Este producto luego era procesado y exportado casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos.
En su investigación, la FNE constató que, como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo, para luego retrasar o contener las alzas. De esta forma, se transmitía una "preocupación por la evolución de los precios", actuando de manera coordinada frente a los pescadores.
“Al comunicarse, las empresas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores -para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores-, o cuál sería su estrategia en futuras compras, neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo”, explica la FNE.
En ese sentido, la investigación da cuenta de que esta práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes que extraen este recurso, quienes recibieron menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo, sin los permanentes contactos que mantenían las empresas y personas acusadas.
La indagatoria comenzó en julio del año 2020 gracias a una denuncia, mientras que en febrero de 2021 se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías.
Hubo también interceptaciones telefónicas a ejecutivos, allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, en la región de Magallanes.
Lo anterior se suma a las declaraciones prestadas por los ejecutivos ante la FNE, en las cuales reconocieron los contactos con sus competidores y las conversaciones sobre el precio de compra de la centolla.
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