Conflicto generó la decisión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, luego de aprobar la subasta para el recurso jurel y sardina en el marco de la tramitación de la Nueva Ley General de Pesca.
Ante esto, distintos gremios de pescadores de la Región del Biobío se manifestaron en contra, explicando los motivos de esta decisión y cómo la pesca se vería afectada en el futuro.
Dentro de sus razones, el sector industrial considera que esta decisión vulnera sus derechos adquiridos, además de la confianza legítima, al modificar de manera arbitraria los compromisos establecidos en la ley actual.
Por medio de un comunicado, la Federación de Trabajadores del Biobío (Fesip) señaló que la subasta reduce “las cuotas de las empresas de las que ellos dependen, pone en riesgo sus operaciones, la estabilidad de las plantas y generará la pérdida de miles de puestos de trabajo”.
Bajo ese contexto, Fesip hizo un llamado a los parlamentarios de dicha comisión a rechazar la subasta, ya que “atenta contra la estabilidad del sector, pone en riesgo miles de empleos y afecta las condiciones laborales de los trabajadores, cuyos salarios están directamente ligados a la participación de las empresas en la cuota de captura”.
La presidenta de Fesip Biobío, Juana Silva, sostuvo que “con la terquedad del Ejecutivo de insistir con la subasta, se harán inviables las plantas de Landes y PacificBlu en Talcahuano, en Coronel podrían cerrar las plantas de proceso de FoodCorp y la planta de conservas de Camanchaca”.
Por otro lado, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, indicó que “este es un golpe de gracia del Gobierno a nuestra actividad. Nos enfrentamos a perder hasta el 60% de las cuotas actuales con la propuesta del Ejecutivo y con ello, se hace inmediatamente inviable la operación de Landes en Talcahuano y FoodCorp en Coronel, además de plantas de conservas de Camanchaca en la misma comuna, pues esas plantas industriales no pueden operar con el 40% de lo que hoy procesan”.
Días después, específicamente el 11 de septiembre, los trabajadores de la pesca industrial del Biobío expresaron su preocupación y repudio por la aprobación de las subastas, ya que “afecta directamente a los recursos pelágicos -jurel, sardina, anchoveta y reineta - que representan más del 80% de la actividad pesquera regional y sostienen cerca de 6.500 empleos directos y más de 20.000 indirectos en plantas, flotas y servicios asociados”.
Además, manifestaron que el problema mayor es que las subastas se activarán inmediatamente, lo que significa que “los plazos que se supone estarían asegurados hasta 2033, en realidad se van a calcular sobre la base de lo que quede disponible después de las licitaciones”.
El presidente del Sindicato Interempresas de Naves Pesqueras Industriales del Biobío y miembro del Personal Embarcado, Hugo Roa, manifestó que esta decisión es “nefasta” y que “tenemos un Congreso absolutamente ideologizado, especialmente la Comisión de Pesca, y ya no nos sorprende, porque han estado constantemente tomando medidas que van en contra del trabajo formal que entrega la industria”.
Pese a que la mayoría rechaza la subasta pesquera, algunos esperan que se pueda obtener ganancia de esto. El presidente del Directorio de Ferepa Biobío, Cristian Arancibia, comentó que el acuerdo no sería negativo para el sector pesquero artesanal “siempre y cuando, el sector industrial, que es el más beneficiado con la subasta de recursos haga una propuesta efectiva que permita el financiamiento de la Cobertura Social para los pescadores artesanales, ya que lo que el ejecutivo busca con esta subasta es generar los recursos que permitan financiarla”.
En ese sentido, mencionó que “el peligro que veo, es que esta acción genere concentración de recursos en pocas manos o que empresas extranjeras depredadoras lleguen a participar y ganen en recursos y eso sí que sí sería muy peligroso. Pero más allá, lo que nos interesa es la seguridad de que los fondos para la Cobertura Social de nuestro sector esté”.
Los gremios empresariales y organizaciones productivas del Biobío dieron a conocer su profunda preocupación por la aceleración de esta iniciativa y solicitaron al Gobierno “retirar la urgencia legislativa y abrir un espacio de dialogo técnico serio, reflexivo, transparente y participativo”.
Lo anterior, ya que la pesca industrial es uno de los “motores más relevantes de desarrollo y prosperidad” para el Biobío, al generar bienestar social a través de empleo formal para miles de familias.
Es por esto que los gremios estarán atentos a los resultados de la reunión que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre entre el Ministerio de Economía y el sector pesquero. “Lo que ocurra en dicha instancia marcará el rumbo de nuestra participación en el Plan de Fortalecimiento, siendo fundamental que se refuerce la confianza y la credibilidad del proceso”, comentaron.
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