Un grupo de 15 ciudadanos colombianos fue detenido y formalizado por los delitos de asociación criminal, extorsión, usura y lavado de activos, ilícitos cometidos entre 2021 y 2025 en las regiones del Biobío, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos. Según la investigación, los imputados otorgaban préstamos ilegales con altos intereses y luego extorsionaban a sus víctimas.
El Juzgado de Garantía de Concepción decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los 15 acusados, tras considerar que su libertad representaba un peligro para la sociedad, además del riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las indagatorias.
En la audiencia, se detalló que los detenidos operaban bajo la modalidad de préstamos informales, cobrando intereses de hasta un 20% del monto total, con pagos semanales o mensuales. Cuando los clientes no podían pagar, los miembros de la organización utilizaban amenazas e intimidación para exigir el dinero.
Los líderes identificados son Marlon Correa, quien mantiene una orden de detención vigente, junto a los hermanos Cardona Trujillo y Echeverry Cardona, quienes coordinaban la captación de clientes y el cobro de cuotas. Otros integrantes se desempeñaban como recolectores, distribuyendo folletos e insistiendo en los pagos, mientras que un tercer grupo cumplía funciones de supervisión y control de rutas.
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos obtenidos eran depositados en cuentas bancarias chilenas y luego enviados a Colombia. Parte de ese dinero también fue utilizado para adquirir 15 vehículos y 8 motocicletas, que se usaban tanto para las cobranzas como para fines personales de los cabecillas. En total, la organización habría enviado más de $300 millones hacia el extranjero.
El fiscal Mario Elgueta, de la Unidad de Análisis Criminal del Biobío, destacó la resolución judicial: “El tribunal dio por establecido todos y cada uno de los delitos que habíamos invocado. Asimismo, dio por establecida la participación de todos los imputados en la gran mayoría de los delitos”.
El persecutor agregó que la decisión de decretar la prisión preventiva responde al nivel de peligrosidad de la organización. “Lo importante en este caso es que el tribunal estimó que al configurarse todos los delitos se acreditaba la existencia de esta organización criminal integrada básicamente por ciudadanos extranjeros”, señaló.
Finalmente, Elgueta recalcó que la investigación continuará con un enfoque especial en las víctimas, quienes en su mayoría corresponden a pequeños comerciantes afectados por el sistema de préstamos ilegales. “Nos faltan múltiples diligencias que realizar, pero particularmente ahora vamos a abordar el tema desde la perspectiva de las víctimas”, concluyó.
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