Miembros del Tren de Aragua en Concepción reciben penas de hasta 22 años por trata de personas y explotación sexual

Dos miembros del Tren de Aragua en Concepción fueron sentenciados a 20 y 22 años de presidio por trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. Durante el juicio se expuso su vínculo directo con la organización criminal transnacional.

Durante la jornada de ayer, jueves 11 de septiembre, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a Mary Emily Colmenares Orozco y Luis Felipe Franco Ceballos a 12 y 7 años de presidio, respectivamente, por el delito reiterado de trata de personas con fines de explotación sexual.

En el caso de Colmenares Orozco, la condena también incluyó a una víctima menor de edad. Ambos deberán cumplir las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, sujeción a vigilancia de la autoridad y el pago de una multa de 50 UTM.

El fallo, unánime, también condenó a Colmenares Orozco y Franco Ceballos a 10 años y un día de presidio, más una multa de 40 UTM, por tráfico de drogas consumado. Franco Ceballos recibió, además, 3 años y un día de presidio por tenencia de arma de fuego prohibida.

Además, el tribunal impuso penas de 4 años de presidio a Carlos Mario Tulcán Montoya y Jossette Evelyn Rosales Rosales, que serán cumplidas mediante libertad vigilada intensiva, junto con una multa de 20 UTM, por su participación como cómplices en la trata de personas con fines de explotación sexual.

Enrique José Silva León fue condenado a 3 años y un día de presidio, también con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y multa de 20 UTM, por tráfico de drogas consumado. Por su parte, Efraín José Guaimacuto Medina y Jesús Alberto Fernández Noguera recibieron 2 años de presidio, y Omar Antonio Partidas Camaro, un año de presidio, más multas de 10 UTM cada uno, por microtráfico de drogas.

Así era la metodología de los condenados por trata de personas con fines de explotación sexual en Concepción

El tribunal determinó que, desde febrero de 2022, Franco Ceballos y Colmenares Orozco “mediante publicaciones, mensajería o a través de terceros, a quienes les pagaban $100.000, aproximadamente, identificaban y contactaban en el extranjero a las víctimas, de nacionalidad venezolana y colombiana, ofreciéndoles medios financieros para que ejercieran la prostitución en Concepción y otras comunas del país”. Luego coordinaban su traslado irregular a Chile y las instalaban en habitaciones financiadas con el dinero de los servicios sexuales.

Las víctimas, que tenían situación migratoria irregular, adquirían una deuda inicial de $3.500.000, equivalente al costo de traerlas, vestirlas y fotografiarlas para su promoción en páginas web de servicios sexuales. Ya en Concepción, “debían estar disponibles durante todo el día en todo horario” y eran supervisadas por Colmenares Orozco y Franco Ceballos, quienes recibían los pagos y gestionaban la comunicación con los clientes, mientras que Tulcán Montoya y Rosales Rosales administraban y arrendaban las habitaciones.

Respecto al tráfico de drogas, Franco Ceballos operó entre julio de 2022 y mayo de 2023 comercializando ketamina, cannabis y clorhidrato de cocaína en el Gran Concepción, con apoyo de Colmenares Orozco y otros condenados que distribuían las drogas a terceros y clientes. Además, Franco Ceballos almacenaba armas de fuego en su domicilio, las cuales entregaba a su círculo cercano. Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas de los sentenciados para su inclusión en el registro nacional de ADN.

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