En prisión preventiva quedaron dos de los funcionarios públicos imputados por Fiscalía como autores del delito reiterado de tortura, al interior del Hospital Base de Osorno, en contra de un funcionario diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Según decretó el Juzgado de Garantía de Osorno, la libertad de estos dos funcionarios fue considerada "un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima", por lo que se fijó la máxima medida cautelar durante los 100 días que dure la investigación.
Respecto a los otros dos imputados en la causa, el tribunal dictó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia. Esto, por considerar que, en el caso de uno, su participación fue menos gravosa que la de los imputados privados de libertad, y en el caso de otro, el tribunal valoró su colaboración en el proceso.
Los hechos habrían ocurrido entre los años 2018 y 2020, en dependencias del Hospital Base de Osorno, donde los imputados R.A.R.M. y E.A.G.A -quienes quedaron en prisión preventiva-, además de J.P.A.N.G. y J.A.B.H., profesionales del área informática de la entidad, habrían ejercido actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales, además de divulgación de información e imágenes privadas por medio de redes sociales.
Todo esto, en contra de un colega de la misma unidad de trabajo. "Estas acciones ocasionaron en la víctima un estado permanente de angustia, con una grave afectación a su vida personal y profesional", se señala desde el Poder Judicial.
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