En Chile los casinos están bajo la supervisión de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y operan siguiendo unas reglas precisas que delimitan las actividades permitidas, los controles requeridos y las obligaciones tributarias.
El organismo regulador, la SCJ, releva periódicamente los datos del mercado de juego y, aunque se excluye de estas métricas al casino online, gracias a estos datos es posible trazar un panorama sobre el funcionamiento del entretenimiento a nivel local y los juegos que se ofrecen.
Los casinos físicos (no online) que operan legalmente en el país tienen la posibilidad de ofrecer 5 tipos de juegos: la ruleta, las cartas, los dados, el bingo y las máquinas de azar, entre las que se incluyen slots y tragamonedas, el juego más elegidos por los jugadores.
Esta clasificación no es arbitraria. Se encuentra definida muy claramente en la regulación de la Superintendencia, y la razón por la que no es arbitraria es porque que cada tipo de juego tiene unos requisitos técnicos específicos, procedimientos de control establecidos y mecanismos definidos para calcular sus ingresos brutos, de manera que la Superintendencia pueda cobrar los impuestos correspondientes.
Cada día, los ingresos generados por estos juegos se determinan y se registran bajo las condiciones de transparencia establecidas por el organismo regulador.
Esto implica que, sea en una mesa de cartas o en una máquina tragamonedas, todo lo que entra y sale queda documentado para garantizar que el dinero circule dentro de los márgenes legales y tributarios.
Los números hablan. Los datos del Boletín Estadístico de la SCJ del primer trimestre de 2025 dejan claro que el negocio del juego presencial sigue vivo y coleando en Chile, con una fuente considerable de ingresos.
El casino que más facturó en estos primeros meses está ubicado en Antofagasta y superó los 9.200 millones de pesos en ingresos brutos derivados del juego, de acuerdo a las cifras publicadas. Le siguen por detrás establecimientos del norte y centro del país, que también registraron cifras superiores a los 3.000 millones de pesos.
Sin embargo, es conveniente aclarar que las cantidades mencionadas son aquellas únicamente recaudadas a través de las actividades de juego propiamente dichas, y no incluyen ingresos provenientes de otros servicios que complementan a los casinos, como los restaurantes o los espectáculos.
Además, los valores reflejan el total bruto, antes de restar impuestos o pagos provisionales, que, al tratarse de una industria sensible, son elevados.
Los ingresos vienen, en su mayoría, de las máquinas de azar, que siguen siendo el formato preferido por los usuarios en Chile. Aunque la presencia de casinos online internacionales sigue en crecimiento, la experiencia presencial en salas de juego no deja de atraer a miles de visitantes, locales y turistas, cada mes.
Hay casinos en todas las regiones del país, pero existe una concentración evidente de la actividad en determinadas zonas. El norte de Chile, por ejemplo, muestra un desempeño más alto en términos de ingresos, al igual que ciertos polos turísticos en el centro-sur, donde el gasto de los jugadores es mayor.
El mercado presencial sigue siendo en Chile el único que cuenta con regulación específica, auditoría directa y fiscalización sistemática mientras que, en paralelo, avanza el debate legislativo sobre una ley que regule también específicamente los casinos online, que hoy operan sin un marco legal chileno definido.
Los datos disponibles en el Boletín 2025, por tanto, ofrecen un panorama parcial de lo que ocurre en el territorio, dado que reflejan únicamente lo que pasa en los establecimientos físicos, sin alcanzar a cubrir la totalidad del ecosistema del juego que hoy convive (a veces en competencia) con el digital.
La operación de los casinos tradicionales no solo genera ingresos para las empresas, sino también una fuente de recaudación fiscal para el Estado.
En Chile, los ingresos brutos del juego están sujetos a un impuesto específico que se aplica una vez descontado el IVA y otros pagos anticipados exigidos por ley. Este tributo equivale al 20% del ingreso neto resultante y se calcula mes a mes para cada casino.
Una de las características más interesantes de este impuesto es su distribución. A diferencia de otros tributos que van a las arcas centrales del Estado, este se reparte de forma directa entre el municipio y el gobierno regional donde se encuentra cada casino.
Se trata de un 50% y 50% repartido entre ambos. Es decir, la mitad de lo recaudado queda en manos de la municipalidad correspondiente, y la otra mitad pasa al gobierno regional. Lo cual, significa que ambos pueden destinar estos fondos al financiamiento de obras de desarrollo, mejorando infraestructuras y servicios públicos.
La recaudación está a cargo del Servicio de Tesorería, que transfiere los montos en los meses siguientes a la operación. Este mecanismo asegura una inyección regular de recursos a nivel local y regional, lo que convierte a los casinos en actores relevantes dentro del financiamiento territorial.
En algunos casos, estos ingresos pueden marcar una diferencia considerable en los presupuestos de comunas con bajo nivel de recaudación propia.
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