La consulta indígena que el Gobierno desarrolla en unas 70 localidades de la macrozona Sur enfrenta un amplio rechazo de comunidades mapuche en las cuatro regiones involucradas, La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
El proceso, ininició el 13 de agosto, y busca ser un primer paso en la restitución de tierras mediante un nuevo sistema que “complemente” el artículo 20 letra b de la Ley Indígena. Sin embargo, desde sus primeras jornadas en comunas como Melipeuco y Curacautín, diversas comunidades expresaron su descontento.
Ante esto, la candidata al Senado por La Araucanía, Elisa Loncon, respondió a las tensiones que generó el proceso y llamó a retirar la consulta indígena. Argumentó que no se garantizó la participación del pueblo mapuche en su elaboración.
En entrevista con radio Nuevo Mundo, Loncon sostuvo que “esa consulta ha sido rechazada, antes de que se realice la consulta la gente se opone, porque tiene de fondo una discusión que involucra a las tierras y a la ley indígena“. Agregó que “En ese contexto, el Gobierno debiera considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos”.
Desde el ejecutivo, la vocera de gobierno, Camila vallejo respondió al llamado de la candidata al senado. "Lo importante, al menos desde el ejecutivo, es que el dialogo y la conversación se siga promoviendo", explicó la vocera. Asimismo, añadió que "para el ejecutivo es muy importante que haya consulta... vamos a insistir en ese proceso de consulta".
El académico Domingo Namuncura, en entrevista con Sala de Prensa, también cuestionó el proceso. Señaló que, aunque los últimos gobiernos impulsaron cambios relevantes en la materia, hoy “el gobierno arriesga no dejar ningún legado”, en referencia a las dificultades que enfrenta la consulta en el marco de las recomendaciones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento.
La resistencia en las comunas se hizo evidente. En Melipeuco y Cunco, comunidades locales impidieron la reunión programada en el Gimnasio Municipal de Melipeuco y forzaron la suspensión de la instalación de los equipos de Gobierno.
Hechos similares se repitieron en los días siguientes. Comunidades mapuches de Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar difundieron comunicados en los que señalaron que el nuevo sistema de tierras “atenta contra nuestro derecho ancestral a la tierra, porque reduce nuestra lucha histórica a simples actos administrativos y lógicas de mercado”.
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