Un violento ataque armado se registró la noche del sábado pasado en la comuna de Victoria, Región de la Araucanía, donde un guardia perdió la vida y otro terminó con lesiones, lo cual generó una condena transversal de parte de múltiples gremios de la Región del Biobío.
Todo comenzó cuando sujetos armados interceptaron el vehículo donde se trasladaban ambos trabajadores. Al hacer contacto, los desconocidos comenzaron a disparar en contra de las víctimas.
En una declaración pública firmada por ASEXMA, CPC Biobío, Pymemad, CORMA, IRADE, Pescadores Industriales del Biobío, Socabio, ASEM y CChC Concepción, expresaron sus preocupación por el hecho.
"Este no es solo un ataque a un sector productivo y sus trabajadores, sino que al país, a las familias del sur de Chile, a las personas honradas y trabajadoras", declararon, recordando igualmente que esto sucede a menos de 24 horas de un atentado incendiario en Carahue.
Siguiendo esta línea, los gremios apuntaron que "hemos advertido en reiteradas ocasiones la urgencia de una solución de fondo al problema
de seguridad en la macrozona sur. No es posible que bajo un Estado de Excepción sigan ocurriendo atentados de esta magnitud. La impunidad con que operan estos grupos es intolerable".
Por lo demás, afirmaron que no es posible pensar en el desarrollo, inversión ni progreso mientras continúen registrándose situaciones violenta como este ataque. "Por ello llamamos al Gobierno y al Estado a acciones inmediatas, firmes y eficaces, que enfrenten con decisión
a quienes instalan el terror en nuestras comunidades", comunicaron.
Ante esto, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) condenaron el atentado y lamentaron el "cobarde asesinato de un trabajador de la empresa CMPC". De esta manera, sostuvieron que este hecho es de "máxima gravedad", por lo que no puede normalizarse. Además, aseveraron que este acto requiere de total celeridad por parte de las autoridades, de modo que se pueda identificar a los responsables y aplicar las sanciones "con el máximo rigor de la ley".
"Esperamos que se haga justicia a la brevedad y pedimos al Gobierno y al Estado de Chile -responsable de la seguridad pública- actuar con urgencia y determinación para garantizar el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de todos los habitantes de nuestro país", sostuvieron en un comunicado.
En este contexto, también afirmaron que esta clase de situaciones dañan seriamente el normal funcionamiento de las empresas "al minar las condiciones mínimas de seguridad que se requieren para invertir y desarrollar actividades productivas que generen empleo, oportunidades y bienestar a las personas".
Además de la CPC, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) también condenó "de manera categórica el ataque ocurrido en Victoria (...) manifestamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y toda nuestra solidaridad con CMPC y su comunidad".
"Hechos como este son inaceptables y demandan una respuesta decidida por parte del Estado, con investigaciones rápidas y eficaces, sanciones ejemplares a los responsables y medidas concretas de protección para quienes día a día trabajan en la zona", expresaron sobre lo ocurrido.
Otro gremio que condenó enérgicamente el atentado fue la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), desde donde explicaron que "quienes viven y trabajan en zonas rurales están expuesto a situaciones de violencia inaceptables, propias de la ausencia de garantías mínima de seguridad que el Estado tiene la obligación de garantizar".
Luego, añadieron que "la seguridad es un derecho fundamental, condición esencial para la paz social, el bienestar de las personas y el desarrollo del país y de mundo agrícola. El Gobierno y las autoridades pertinentes deben adoptar medidas concretas que eviten la reiteración de hechos tan graves".
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