Demandan a la plataforma de juegos Roblox por considerarla un lugar "fértil para depredadores sexuales" representando un peligro para los niños. La demanda surge a raíz del peligro que representa para los menores debido a la falta de regulaciones de seguridad.
Liz Murrill, fiscal general de Luisiana, Estados Unidos, tomó la decisión de demandar a la corporación a cargo de la aplicación, acusándola de permitir la explotación sexual infantil al carecer de medidas que garanticen un entorno seguro en este metaverso para los menores.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Murrill indicó que "Debido a la falta de protocolos de seguridad en Roblox, se pone en peligro la seguridad de los niños de Luisiana. Roblox está plagado de contenido dañino y depredadores infantiles porque prioriza el crecimiento de los usuarios, los ingresos y las ganancias sobre la seguridad infantil".
También afirmó que "todos los padres deben ser conscientes del peligro claro e inminente que Roblox representa para sus hijos para que puedan evitar que ocurra lo impensable en su propio hogar".
Según señaló la fiscal en la denuncia, para ingresar a la plataforma no se requiere consentimiento parental ni verificación de edad de los usuarios. Además, el 40 % de los estos serían menores de 12 años.
Aunque esta no es la primera vez que Roblox ha sido demandado. Ya existen varias denuncias por parte de adultos sobre agresiones sexuales, explotación infantil, adicción, falta de protección a los menores y por generar conductas suicidas.
Los depredadores sexuales utilizan la plataforma haciéndose pasar por menores de edad hasta ganarse la confianza de otros niños, a quienes comienzan a manipular e incluso a seducir. A través de esa confianza, les ofrecen robux (la moneda virtual del juego) a cambio de fotos sexuales, y posteriormente trasladan la conversación a otras plataformas de chat como Discord o Snapchat.
Una situación que se repite de forma constante y que en la demanda solicitan la implementación de medidas cautelares y la imposición de sanciones por infringir la Ley de Prácticas Comerciales Desleales.
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