Cerca de 400 familias fueron estafadas con montos variados mientras buscaban cumplir el sueño de la casa propia en Curicó. La hermana de una de las acusadas asegura que hay más personas involucradas en esta estafa.
Las familias habrían pagado montos que comienzan desde los 200 mil pesos en adelante, y depositaron ese dinero tras caer en la red que ofrecía falsamente la posibilidad de agilizar el proceso de adquirir una vivienda. La principal acusada, Karina Navarro, habría gestionado esos fondos.
La tarde del 13 de agosto, cerca de 400 familias estafadas con la promesa de la casa propia se dirigieron a los domicilios de los presuntos responsables del fraude, con la intención de recuperar su dinero. Todo se transmitió a través de la página de Facebook de VLN Radio de Curicó.
Según informó un medio de la Región del Maule, el problema se habría desatado cuando los afectados llegaron al lugar de entrega de viviendas, esperando recibir las llaves de su nuevo hogar, y se dieron cuenta de que esas casas no eran para ellos.
En la transmisión también habló Karina Navarro, sindicada como la cabecilla de esta presunta red de estafadores, la cual habría contado con la participación de un trabajador de una constructora local. Este empleado, según los testimonios, permitía el acceso a las casas piloto después del horario laboral, a partir de las 18:00 horas, para mostrarlas a las familias que supuestamente postulaban a ellas.
En uno de los videos que circulan por redes sociales, una de las víctimas —quien ha asumido un rol de vocera entre las familias afectadas— señaló que también habría una persona vinculada a una notaría que colaboraba con la entrega de documentos como escrituras y contratos falsos.
Algunas familias lograron recuperar el dinero antes de que estallara públicamente el caso, presionando con denuncias ante la PDI y Carabineros.
Aun así, Navarro asegura haber devuelto el dinero a los afectados y afirma que utilizaron su nombre para cobrar dinero, responsabilizando a Karina Riveros —una amiga de un sector de Curicó—, quien le llevaba personas para "postular". También menciona a Susan Rojas, quien habría llegado a cobrar hasta $500.000 de más; a Katherine Sandoval, quien cobró hasta $600.000; y a Marcelo Galaz, quien presuntamente solicitaba hasta $2.500.000 a familias que buscaban acceder a una vivienda propia.
También aseguró que ella pagó la devolución del dinero a las personas estafadas por Karina, quien ahora le debe reembolsar esa suma.
A este caso se suma el ocurrido en la región del Biobío, donde una exfuncionaria del SERVIU habría estafado a cerca de 100 familias, con montos que parten desde los 2 millones de pesos, acumulando una deuda total cercana a los $280 millones.
Quienes pagaron estas sumas quedaron con deudas millonarias, producto de préstamos que solicitaron, y hasta el día de hoy no han recibido respuesta respecto al dinero que invirtieron con la promesa de acceder a una vivienda propia.
En el caso de Curicó, el medio publicó la declaración del abogado Gonzalo Medina, quien confirmó que su pareja fue una de las personas estafadas y además señaló que la acusada como la líder "ya había sido denunciada hace dos años por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) local".
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