Más de 18 años de cárcel solicitó la Fiscalía Centro Norte para Daniel Jadue al acusarlo como el autor de cuatro delitos consumados en el caso Farmacias Populares. La presentación del ente persecutor incluyó una mención al polémico convenio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) con la Universidad de Concepción (UdeC) para desarrollar 180 mil dosis de Interferón en el 2020.
La mayor pena responde a delitos reiterados de fraude al Fisco, con 12 años de presidio mayor en su grado medio. A lo que suman una multa de 8.787 UTM -alrededor de $603 millones-, 10 años de inhabilitación para asumir cargos públicos, penas accesorias y las costas de la causa.
En este se enmarcaría el trato de Jadue con la casa de estudios penquista, señaló el fiscal Xavier Armendáriz en junio del 2024. El exjefe comunal comprometió poco más de $229 millones en financiamiento y "pidió aprobar una cuota de $25 millones para participar en el convenio en 2020. Y se ordena el pago mediante trasferencia electrónica en agosto de 2020", indicó entonces.
Luego de producir las primeras 5 mil dosis, en enero del 2021, la UdeC aún debía conseguir el permiso del Instituto de Salud Pública (ISP) para seguir avanzando. Aquí, pidió a la Achifarp un aumento en el aporte de Recoleta. En consecuencia, la asociación solicitó los $204 millones al municipio y obtuvo la aprobación del Concejo.
Según el persecutor, "los imputados se concertaron para lograr recursos (...) para obtener liquidez y a sabiendas que el proyecto con la UdeC no contaba con la autorización del ISP". En la misma línea, no se comunicó al Concejo que la universidad aún no cumplía el primer hito. "Se entregó información falsa, ya que existía conocimiento que la UdeC no estaba en condiciones de elaborar dichas dosis", aseguró el fiscal.
De todas formas, esos fondos no llegaron a la UdeC. Jadue y el exsecretario Ejecutivo de Achifarp, José Muñoz, "se apropiaron del dinero, ya que no lo transfirieron. Y lo utilizaron para el pago de gastos propios de la asociación y pago de deudas que mantenían a la fecha. Lo anterior genera un perjuicio a la municipalidad de Recoleta por $204.976.800", señaló Armendáriz.
Esta arista fue mencionada como uno de los hechos que presentó Fiscalía en la acusación, consignó La Tercera. El exalcalde también fue acusado de cohecho, estafa y delito concursal.
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