La Policía de Investigaciones (PDI) analiza una nueva pista en el caso de María Ercira Contreras, la mujer de 86 años desaparecida desde el 12 de mayo de 2024. Se trata de un collar y un anillo hallados en el fundo Las Tórtolas, lugar donde se le vio por última vez, durante un almuerzo familiar por el Día de la Madre. El hallazgo ocurrió un día después de su desaparición.
Las joyas fueron encontradas por recolectores de basura, quienes no informaron de inmediato a las autoridades, pese a la amplia cobertura mediática del caso. Según la investigación, revelada durante la jornada de este lunes por Sergio Jara en el Contigo en la mañana, el hallazgo salió a la luz cuando comentaron el hecho en un partido de fútbol, llegando la información a un excomisario de la PDI, quien luego la transmitió al abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez.
Manríquez solicitó a la Fiscalía ubicar y tomar declaración tanto a los recolectores como al exfuncionario policial. De acuerdo con fuentes del caso, los trabajadores habrían intentado vender las piezas sin éxito. Además, estos habrían señalado que “las bolsas de basura pesaban más de lo normal” el día siguiente a la desaparición, aunque no las revisaron.
La nieta de la desaparecida, Carla Hernández, comentó que ese día su abuela llevaba varios anillos y un collar, por lo que cree que podrían pertenecerle. Sin embargo, señaló que aún no ha tenido acceso a ver las joyas ni fotos de ellas, y aseguró que le sería fácil reconocerlas si las observa en persona.
Desde el 29 de julio, el abogado ha gestionado diligencias para ubicar a los recolectores, quienes residirían en Colliguay, y al chofer del camión, identificado como “Pedrito”, así como al excomisario Óscar Díaz. La Fiscalía local de Limache autorizó las acciones el 30 de julio, lo que ha renovado la esperanza de la familia.
Paralelamente, los familiares piden que la investigación pase de la PDI a Carabineros, acusando irregularidades en el manejo del caso. Presentaron una querella por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, relacionada con la pérdida de registros de cámaras de seguridad del fundo. Según la acusación, la administradora y un detective “estamparon en una acta policial una aseveración de un hecho inexistente”, dejando constancia de un registro incompleto. Hernández denuncia “negligencia” en la actuación policial.
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