A un año de su promulgación, la Ley N°21.643, conocida como Ley Karin, ha permitido recibir más de 44.000 denuncias por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo en Chile. La normativa, implementada en agosto de 2024, establece protocolos obligatorios para prevenir, investigar y sancionar estas conductas en el ámbito laboral.

Según datos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, hasta julio de 2025 se han registrado 44.000 denuncias a nivel nacional. De estas, el 60% fueron presentadas por mujeres, lo que demuestra que el factor género sigue siendo el segmento con mayor protagonismo. El acoso laboral fue la principal causa reportada, seguida por el acoso sexual y la violencia psicológica en el trabajo.

La Ley Karin también ha facilitado la atención psicológica temprana a las víctimas. En agosto de 2024, se realizaron 1.852 atenciones en este ámbito, brindando apoyo emocional y orientación a quienes han sufrido estas agresiones en sus lugares de trabajo.

Desafíos pendientes de la Ley Karin

Sin embargo, la aplicación de la ley ha enfrentado retos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del empleo en Chile. Estas organizaciones han reportado dificultades para cumplir con ciertos requisitos. Algunas son la separación física de las personas involucradas y la contratación de servicios especializados para las investigaciones.

Para superar estas dificultades, se evalúan medidas que permitan adaptar los protocolos a la realidad de las PYMES, incluyendo capacitaciones y apoyos específicos para facilitar la implementación efectiva de la ley.

Finalmente la Dirección del Trabajo llevó a cabo 2.117 fiscalizaciones entre agosto de 2024 y junio de 2025. Esto con el objetivo de hacer efectivo el cumplimiento de la ley por parte de los empleadores, dando por resultado 993 sanciones aplicadas.

La denuncias realizadas en el marco Ley Karin representan un avance significativo en la protección de los derechos laborales en Chile, pero su éxito dependerá de su capacidad para adaptarse a las diversas realidades del mundo laboral y garantizar que todas las personas trabajadoras, independientemente del tamaño de la empresa, tengan acceso a un entorno laboral seguro y libre de violencia.

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