Víctor Providel, abogado de Monsalve, será investigado por la Defensoría Penal Pública tras denuncia en su contra

María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante contra Manuel Monsalve, interpuso una denuncia contra el representante del exsubsecretario, Víctor Providel, por una grave situación relacionada al polémico caso.

Se trata de una acusación contra el jurista que consiste en su presunta colaboración activa conjunta a otros imputados para difundir información privada de la víctima. En específico, Santibañez denuncia que el representante de Monsalve habría entregado material audiovisual a medios de comunicación para desprestigiarla.

La acción fue confirmada a través de un comunicado emitido por la profesional y otros dos abogados, incorporados para esta arista del Caso Monsalve. Según reporta LaTercera, en el documento se acusa a Providel de "cooperar activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad de nuestra representada, con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada, que en nada se vinculan con la investigación formalizada en contra del señor Monsalve, con el único objetivo de desprestigiar su imagen", afirman María Elena Santibañez, Pablo Ortiz y Nicolás Padilla.

"Lo anterior resulta particularmente grave considerando su calidad de funcionario público, por la cual sus actuaciones deben regirse por un irrestricto respeto a los derechos fundamentales y al principio de probidad consagrado como valor institucional en el Código de Ética de la Defensoría Penal Pública, el cual exige el desarrollo de una conducta funcionaria intachable y un desempeño leal de sus funciones", añade el escrito.

Junto a eso, Santibáñez elevó una petición ante la Defensoría Penal Pública con el objetivo de remover a Providel del caso.

Defensoría Penal Pública iniciará investigación contra Víctor Providel

La presentación de esta denuncia suscitó a la DPP a iniciar una indagatoria contra el abogado Víctor Providel. Esta investigación administrativa buscará esclarecer los hechos y determinar si hubo faltas a la probidad y ética profesional.

"Nuestro rol institucional es prestar defensa penal -sin distinción- a todas las personas que enfrentan un proceso judicial y no cuentan con un abogado de confianza, resguardando siempre el respeto a los derechos fundamentales que le asisten a todas personas", señalaron desde la Defensoría Penal Pública.

Este organismo es el responsable de establecer la veracidad de lo acusado y de determinar las eventuales sanciones correspondientes. Aquello, según la entidad, será adoptado sin "defensas corporativas" y siempre respetando la presunción de inocencia del denunciado.

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