Imputados de tres nacionalidades, venezolanos, colombianos y una chilena, están acusados de haber montado una red de trata de personas, vinculada al Tren de Aragua, que se aprovechó de la vulnerabilidad de mujeres migrantes y montó una red de explotación sexual. Son al menos 14 víctimas y entre ellas hay una menor de edad y una mujer que fue forzada a tener relaciones sexuales con clientes a pesar de su embarazo. El juicio ya está en la etapa de los alegatos de la defensa.
En una vivienda de Calle Aníbal Pinto de Concepción, a cinco cuadras de la Plaza de Armas, 14 mujeres venezolanas y colombianas fueron obligadas a prostituirse para pagar millonarias “multas”, aisladas, vigiladas y amenazadas. Según la Fiscalía, quienes las sometieron eran parte de una red cuyo cabecilla se jactaba de ser parte del Tren de Aragua.
En mayo de este año comenzó el juicio oral contra lo que habrís sido una organización formada para captar mujeres y aprovecharse de su vulnerabilidad. La Fiscalía ya rindió sus pruebas y actualmente es la defensa la que está dando sus alegatos en el Tribunal Oral de Concepción. Se estima que estos podrían terminar en la primera quincena de agosto.
Según los argumentos presentados por el Ministerio Público durante el juicio, las víctimas eran ingresadas al país de manera clandestina a través del desierto. Una vez en Concepción, se les generaba una deuda a la que llamaban “multa”, la cual comenzaba en 3,5 millones de pesos. Esto por los gastos del viaje; y de la ropa, peluquería y maquillaje que se les compraba para ejercer el comercio sexual. Incluso se les habría cobrado el pago de servicios promocionales en páginas web. En la acusación de la Fiscalía se nombran dos páginas en las que se habría promocionado a las víctimas: sexosur y publiescort.
Los principales acusados son Luis Franco Ceballos, de nacionalidad colombiana, y Mary Emilia Colmenarez, de nacionalidad venezolana. El primero era quien se habría identificado como miembro del Tren de Aragua.
La acusación del fiscal Patricio Aravena, sostiene que Franco y Colmenarez manejaban los teléfonos de las víctimas y les impedían elegir a sus clientes. También las obligaban a estar disponibles todo el día, las forzaban a que atendieran clientes sin preservativo si estos lo pedían, las mantenían vigiladas con cámaras e incluso, durante algunos periodos de tiempo, les impidieron salir del inmueble. Todo ello a través de la intimidación. Los dineros recaudados iban directamente a las cuentas de los miembros de la red.
Una víctima venezolana, quien llegó a Chile en 2022 por medio de esta organización, estaba embarazada cuando fue forzada a ejercer el comercio sexual para pagar su “deuda”. Otra víctima, también de nacionalidad venezolana y que llegó en 2022 a Concepción, era menor de edad.
Además de Franco y Colmenarez, hay otros seis imputados. Dos de ellos, Carlos Mario Tulcán Montoya (colombiano) y Josette Evelyn Rosales Rosales (chilena) eran, según la Fiscalía, los encargados de administrar el domicilio en que vivían las víctimas. En tanto otro de los acusados, Enrique José Silva Leon (venezolano) habría sido el encargado de vigilar a las mujeres. Además de amenazarlas y cobrarles el dinero recaudado.
Otro de los investigados como miembro de la red es Carlos Alexander Cortez Flores, alias “Carlitos Nike”, quien se encargaba de atraer clientes, amenazar a las mujeres explotadas y habría participado en la captación de al menos una de las víctimas. Cortez es uno de los investigados por el asesinato en Santiago del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma. Aún no es detenido, por lo cual no es parte del grupo que está siendo actualmente juzgado.
En la causa además hay otros tres imputados, pero estos figuran por el delito de tráfico de drogas.
Para los acusados de ser cabezas de la red, Luis Franco, Mary Colmenarez, Carlos Tulcán y Josette Rosales, la Fiscalía pide una pena de 15 años y un día de prisión efectiva por trata de personas con fines de explotación sexual. Además, para Franco y Colmenarez pide 12 años por tráfico de drogas y 4 años más por posesión y tenencia de arma de fuego.
En tanto, para quien habría ejercido labores de vigilante de las víctimas, Enrique Silva, el Ministerio Público pide una pena de 12 años y un día por tráfico de drogas, y 7 años y un día por trata de personas con fines de explotación sexual.
En esta causa también es querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Delegación Presidencial del Bío Bío.
Este jueves 7 de agosto concluyó en el Tribunal Oral de Concepción la etapa de rendición de pruebas en el juicio oral. Este va en contra de ocho acusados por delitos de trata de personas, incluida una menor de edad, con fines de explotación sexual. Además, se les imputa tráfico de drogas e infracción a la ley de armas.
El proceso, iniciado el pasado 12 de mayo, entrará el lunes 11 de agosto en su fase final con los alegatos de clausura, que se extenderán durante toda la semana, previéndose que el veredicto sea entregado el jueves 21.
La Fiscalía solicita penas de entre 13 y 25 años de presidio para los líderes de la agrupación, vinculados al Tren de Aragua, por trata de personas, además de 12 años por tráfico de drogas y entre 4 y 5 años por infringir la ley de armas.
Revisa aquí más noticias de la Región del Biobío. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.
© 2025 SABES.CL SPA
Diseño de interfaz NUZ estudio de diseño | Desarrollo por OndaPress - Soluciones para Medios de Comunicación
