Yordano Albeiro Contreras Gonzalez y Luis Tomás Morillo Piña fueron solicitados en extradición por la fiscalía chilena a Estados Unidos. Eran investigados por secuestros y por posibles vínculos con el Tren de Aragua, pero ambos fueron enviados a El Salvador y luego a Venezuela. Uno de ellos fue dejado en libertad en ese país. Investigaciones realizadas por la PDI, la fiscalía chilena, el FBI y la DEA, aseguran que ambos tienen conexiones con la pandilla venezolana Tren de Aragua.
*Este reportaje fue realizado en colaboración por Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo), Cazadores de Fake News y Sabes.cl
Aunque la gran mayoría de los ciudadanos intercambiados por los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump no tienen condenas ni investigaciones judiciales en su contra, hay algunas pocas excepciones. Días después del canje se conoció el caso de Dahud Hanid, un estadounidense, exmarine, que asesinó a tres personas en Madrid, España, y que está de regreso y libre en Estados Unidos, gracias al acuerdo. Ahora la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo), Cazadores de Fake News y Sabes.cl, confirmán que al menos dos de los 238 migrantes que estaban en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, eran investigados por posibles vínculos con el brazo del Tren de Aragua que operaba en Chile.
Un trabajo periodístico reveló hace dos meses que al menos 197 de los 238 migrantes enviados al CECOT el pasado 15 de marzo no tenían registros criminales en Estados Unidos, según documentos oficiales de ese país. Mientras que más de la mitad de los venezolanos no tiene delitos en otros países de la región. Pero estos dos hombres están en la otra estadística: son parte del grupo de más de 110 de los migrantes que tienen récords criminales en alguno de los países donde vivieron (Venezuela, Perú, Chile, Colombia o Estados Unidos).
Uno de ellos, Yordano Albeiro Contreras González, según la Fiscalía chilena secuestró, violó y torturó a su ex pareja y fue formalizado judicialmente en Talca. El otro, Luis Tomás Morillo Piña, habría participado en secuestros extorsivos en Iquique, según documentos oficiales de tribunales chilenos. Ambos vivieron en Chile, e incluso llegaron a obtener DNI (documentos de identidad), antes de huir a EE. UU. para esconderse de la justicia del país suramericano.
Ellos podrían ser justamente algunas de las escasas piezas que encajan en la narrativa que llevó a Trump a invocar la Ley Enemigos Extranjeros para expulsar a migrantes venezolanos presuntamente vinculados a la banda carcelaria el Tren de Aragua. Con ese argumento el gobierno de EE. UU. envió a 252 migrantes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin ningún proceso judicial. Y también, como en estos casos, obviando las solicitudes de extradición de terceros países.
A su vez, esta semana el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo durante su programa de televisión "Con el mazo dando" que: “20 de los 252 migrantes venezolanos que retornaron a su país luego de estar en una cárcel de El Salvador estaban solicitados por la justicia local, mientras que siete de ellos tenían "delitos graves", reportó Infobae. Sin embargo, no reveló las identidades de estas personas y tampoco los crímenes en los que estarían involucrados.
En una declaración previa, Cabello aseguró que ninguno de los 252 hombres pertenecían a la pandilla Tren de Aragua.
Yordano Albeiro Contreras González (35 años) era conocido como “Mono Blanco” y en 2022 fue detenido por secuestro, violación y microtráfico en Talca. La víctima era su expareja, quien fue rescatada gracias a un operativo de la PDI. A pesar de la gravedad de las imputaciones, estuvo sólo unos meses en prisión preventiva. En enero de 2023 su defensa solicitó que se le rebajara la medida cautelar a la de arresto domiciliario, a lo cual la Fiscalía no se opuso. Contreras González aprovechó esto para huir a Estados Unidos, donde fue capturado en 2025 y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. En julio fue parte del intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.
La causa contra Mono Blanco, según los documentos judiciales a los que el equipo tuvo acceso, se remonta a junio de 2022. Según la Fiscalía de Talca, el sujeto secuestró a su expareja cuando ésta intentó dejarlo. Para ello, de acuerdo a la acusación, la drogó, la ató de pies y manos, la violó e incluso grabó las agresiones sexuales.
En medio del cautiverio, la mujer logró contactarse con un amigo chileno que a la vez avisó a la PDI. El 6 de junio detectives de Investigaciones lograron rescatar a la víctima y detuvieron a Mono Blanco y a otro sujeto de nacionalidad venezolana. En la vivienda donde estaba retenida, también había dosis de marihuana empaquetadas para la venta.
En la audiencia, realizada el 10 de junio en el tribunal de garantía de Talca, la fiscal Lilian Alvarado explicó que, según la víctima, Contreras González se dedicaba además de al narcotráfico, al prestamismo con intereses usureros, conocido como “gota a gota”.
La mujer le explicó a la fiscal que su captor había matado a dos personas en Colombia. Sin embargo, esta información que apareció en la audiencia de formalización, no pudo ser confirmada.
Desde Colombia Mono Blanco se mudó a Chile y se estableció en la población José Miguel Carrera de Talca. A ella la habría obligado a acompañarlo. Si no lo obedecía, dijo la víctima a la fiscal, mandaría a que mataran a sus padres e hijo, quienes habían quedado en Colombia.
“Yordano es un tipo muy agresivo, con historial delictivo en Venezuela y Colombia, donde es conocido como uno de los líderes de la organización denominada ‘Tren de Aragua’. Por lo mismo, todos le tenemos miedo y hacemos lo que él dice”, leyó la fiscal en esa audiencia. El testimonio era parte de la declaración de la víctima hacia la fiscal, según citó el Diario Talca.
Contreras González quedó en prisión preventiva y fue trasladado a la cárcel de Cauquenes. Fue formalizado por violación, secuestro y tráfico de drogas. En enero de 2023 se le modificó la medida cautelar por la de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Escapó hacia Estados Unidos, donde incluso se habría entregado a agentes de la patrulla fronteriza. Luego se estableció en Dallas. Allá fue detenido en enero de 2025.
En febrero, la Fiscalía de Talca solicitó la extradición de Contreras para que enfrente un proceso en Chile. Pero un mes después fue parte de los venezolanos enviados hacia la cárcel de alta seguridad de El Salvador mediante la Ley de Enemigos Extranjeros.
Luego, en julio, fue parte del canje de detenidos entre los gobiernos de Trump y Maduro. Se pudo conocer por un familiar de Contreras González, que está libre en Venezuela. Según este familiar, Contreras negó ser miembro del Tren de Aragua.
Sus familiares además aseguran que tiene pruebas de que es inocente de los delitos por los cuales se le acusa en Chile. En este contexto la hermana de Contreras criticó que su familiar hubiera sido enviado al CECOT sin ningún proceso judicial. Aunque también afirmó “No puedo decir que es un santo”.
La Fiscalía chilena realizó dos solicitudes de extradición en contra de Contreras González este año. La primera fue para extraditarlo desde Estados Unidos, pero el 15 de marzo “Mono Blanco” fue enviado a El Salvador. Después, el 19 de mayo, el Ministerio Público realizó una segunda solicitud dirigida hacia ese país centroamericano. Antes de que el proceso avanzara, fue enviado de regreso a Venezuela como parte del intercambio entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro.
Se le enviaron preguntas a la Fiscalía del Maule sobre este caso, pero no hubo respuesta.
Un funcionario de la PDI dijo para este trabajo, que en el transcurso de la investigación de los delitos cometidos por Contreras González, se percataron de que tenía vínculos con un importante miembro del Tren de Aragua que operaba en Chile. Hallaron comunicaciones telefónicas y algunos testimonios que lo señalaban como parte de la pandilla. Sin embargo, se trata de una investigación en proceso y por esa razón las autoridades requerían que Contreras González regresara a Chile mediante la extradición.
Luis Tomás Morillo Piña, de 38 años de edad, es otro de los 238 venezolanos enviados al CECOT por el gobierno de Donald Trump. Durante su cautiverio fue poca la información que se pudo obtener sobre su perfil. “Lo que se sabe es que tenía una solicitud de asilo pendiente al momento de ser deportado y encarcelado, según nuestro análisis de datos de la corte de inmigración”, dice una investigación realizada por los medios estadounidenses ProPublica y The Texas Tribune, y los medios venezolanos Cazadores de Fake News y la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo), que muestra resúmenes biográficos de todos estos hombres.
El mismo reportaje agrega que Morillo Piña no tenía registros criminales, condenas penales ni cargos pendientes en Estados Unidos. Sin embargo, unos días después de que fuera enviado de vuelta a Venezuela, se conoció que sí tenía una solicitud de extradición activa en Chile.
Morillo Piña fue imputado por secuestro extorsivo y asociación criminal. Desde la Fiscalía de Tarapacá confirmaron que es investigado por vínculos con una facción del Tren de Aragua. Eso sí, no alcanzó a ser detenido en Chile.
Los detalles del proceso en contra de Morillo Piña figuran como reservados. Sin embargo, el documento que aprueba su solicitud de extradición tiene algunos datos. “Cabe señalar que en estos autos se formalizó la investigación en contra del imputado Luis Tomás Morillo Piña, por el delito de asociación criminal, previsto y sancionado en el artículo 293 inciso 1° del Código Penal, y del delito de secuestro extorsivo, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, ambos en grado de ejecución consumado y se le atribuye participación al imputado en calidad de autor en ambos delitos”.
También especifica que Morillo Piña había sido localizado en la ciudad de Nueva York por investigadores de la policía chilena en 2024. A su vez, figura supuestamente entre los más de 90 detenidos en dos operativos realizados por la DAE en Colorado, entre enero y febrero de 2025.
En diciembre de ese mismo año un juzgado de la ciudad de Alto Hospicio, en Chile, aprobó la solicitud de extradición en su contra. Esto en conformidad con el tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Chile. "Por la responsabilidad que se le atribuye por la comisión del delito de asociación criminal (...) y del delito de secuestro extorsivo (...) ambos en grado de ejecución consumado y se le atribuye participación al imputado en calidad de autor en ambos delitos, según la formalización de investigación efectuada a su respecto”, dice el documento del tribunal.
En reportes de prensa, que registran declaraciones de oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, aparece la foto de Morillo Piña como uno de los 10 hombres más importantes capturados en el marco de la Operación Devolución al Remitente.
“En las últimas dos semanas y media, la División de Campo de las Montañas Rocosas de la DEA ha realizado más de 90 arrestos. Algunos sospechosos estaban involucrados en el tráfico de fentanilo y metanfetamina, mientras que otros habían cometido delitos violentos tanto en Estados Unidos como en sus países de origen… La DEA proporcionó una lista de los "Diez Principales" sospechosos arrestados que se encuentran bajo custodia del ICE. Provienen de varios países, como Honduras, Cuba, El Salvador y Venezuela”, dice la publicación de CBS en la que se aprecia la imagen de Morillo.
Su caso también fue publicado por el medio oficialista venezolano Vea, pero como símbolo de la “reclusión ilegal” de migrantes venezolanos en el Cecot.
Morillo fue enviado de regresó a Venezuela el 18 de julio, junto a más de 250 migrantes que estaban detenidos en El Salvador. Pero a diferencia de la mayoría de sus compañeros, él no quedó en libertad. Está detenido en la dependencia de Interpol en Caracas, ya que sería uno de los 20 hombres a los que se refirió el ministro de Relaciones Interiores.
Tanto Contreras como Morillo eran investigados por la PDI chilena y agencias de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Tren de Aragua. Ahora ambos se encuentran en Venezuela y es difícil que los procesos que enfrentaban en Chile puedan continuar. Venezuela se rige por el principio de no extradición de nacionales. La Constitución y el Código Penal prohíben la extradición de ciudadanos venezolanos para ser juzgados en otros países.
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