Casi tres mil funcionarios afiliados a Dipreca y Capredena realizaron viajes al extranjero mientras estaban con licencias médicas, reveló la Contraloría en el decimocuarto Consolidado de información Circularizada (CIC).
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano condenó la situación en X, "el abuso de licencias médicas es completamente inaceptable, siempre, bajo cualquier circunstancia". A esto se sumó el subsecretario Ricardo Montero, calificando los hechos como de "máxima gravedad y vamos a hacer valer todas las responsabilidades que correspondan".
Así lo expresó en su visita a Concepción, asegurando que pidieron los primeros antecedentes cuando la contralora Dorothy Pérez anticipó que indagarían en las Fuerzas Armadas, así como en Orden y Seguridad. Es decir, el Ejército, la Armada, la FACh, Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
"De esas 3 mil (personas), 720 pertenecen a las Fuerzas Armadas", indicó el subsecretario, apuntando a la doble falta de los uniformados. "Tiene un doble problema porque, además del problema de probidad, tiene un problema en materia de disciplina. Las Fuerzas Armadas tienen que pedir autorización para salir del país, entonces eso hace más grave este hecho", explicó Montero.
A raíz de esto, apenas reciban oficialmente la información de Contraloría, buscarán "las máximas sanciones que contempla tanto el ordenamiento jurídico como los reglamentos internos", agregó. La ministra Delpiano dispuso "un plazo máximo de 72 horas para que las ramas de las FF.AA. inicien los procesos disciplinarios correspondientes".
Dentro de ese plazo de tres días, el Ejército ya inició los primeros procedimientos administrativos, producto de sus propios controles internos. Son 487 los militares que salieron del país con licencia médica, entre el 2023 y 2024.
"Se encuentran en desarrollo 120 procesos disciplinarios, donde se contempla hasta la máxima sanción que dispone el ‘Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas'", indicó la institución en un comunicado.
Gendarmería también espera recibir los antecedentes de Contraloría, para luego proceder a una "revisión individual de cada caso reportado". Con el fin de instruir "los sumarios administrativos pertinentes para determinar las responsabilidades de los involucrados", agregó.
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