El tribunal de juicio oral en lo penal de Concepción condenó a Rodrigo Sotomayor Julio por ejercicio ilegal de la profesión de abogado y por el delito de presentación de documentación falsa y falsificación de instrumentos públicos ante distintos organismos estatales.

Luego de casi tres años de investigación, el tribunal colegiado dio por probado que en 2018 Sotomayor se ofreció como asesor jurídico a la Corporación Domingo Parra Corvalán, entidad que administra 6 establecimientos educacionales para sectores vulnerables en distintas zonas del país, cuyo asiento principal se encuentra en la comuna de Coronel. 

Según comprobó la justicia, Rodrigo Sotomayor se presentó ante la Corporación como abogado sin serlo, ocultando sus reales antecedentes, ya que en ese entonces era simplemente un estudiante de derecho de larga data, una persona de sobre 40 años, que egresó con el tiempo de la Universidad Bolivariana.

Ejercicio ilegal de la profesión de abogado y falsificación: el modus operandi del falso abogado

El falso abogado, cobró en ese momento más de $20.000.000 de pesos por servicios de gran importancia para la Corporación, facturados por asesoría judicial y extrajudicial que mantenía de manera ilegal y falsa. Con el tiempo y al darse cuenta de que las subvenciones escolares eran cuantiosas, llegando incluso a centenares de millones de pesos, destinados a establecimientos vulnerables con más de 1.800 alumnos, mediante engaños y falsificando una carta de renuncia de la directora y presidente de la asociación, logró integrarse al directorio de la Corporación. 

Sotomayor presentó entonces estos documentos falsos al Ministerio de Educación a través de la  Seremi de la región del Biobío y pudo hacerse del control de las cuentas corrientes y del directorio. Asociándose luego a otro condenado, Moisés Fernández Volados, de profesión contador auditor e íntimo amigo del en ese entonces falso abogado. Juntos intentaron tomar los colegios y conseguir manejar las cuentas corrientes con lo que lograron otros $14.000.000 de pesos adicionales en cheques, que estaban destinados al pago de trabajadores por un convenio judicial. 

Frente a esta situación, la Corporación Educacional Domingo Parra, en plena pandemia, con una serie de documentación falsa presentada por el condenado, tuvo que defenderse ante la Contraloría General de la República, la SEREMI de Educación y ante los tribunales, a través de distintas acciones de protección y una querella en contra de Sotomayor Julio y Fernández Volados.

"Un gran triunfo para la justicia"

El abogado Remberto Valdés, querellante en el caso indicó que dentro de los próximos días se efectuará la lectura de la sentencia definitiva, pero que “esta decisión del tribunal es un gran triunfo para la Corporación Domingo Parra Corvalán y también para la justicia porque evidentemente se saca del medio a una persona que, valiéndose en su momento ilegalmente del título profesional de abogado, ha ejercido en contra de los intereses de su cliente y de los sectores más vulnerables del Biobío".

Por su parte María Elena Soto Oviedo, directora presidenta de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, señaló que "Rodrigo Sotomayor Julio ingresa a trabajar a nuestra organización y valiéndose de la confianza laboral que logra que con el paso del tiempo, perpetra distintos delitos que afectaron directamente a las personas que componen y forman parte de nuestra directores, profesores, asistentes de la educación y lo más importante, nuestros estudiantes".

"Hoy podemos dar gracias a Dios que se ha hecho justicia. Después de casi 4 años de continuo asedio por parte de este delincuente. Se trabajó arduamente con la verdad y la justicia por delante", concluyó.

Revisa aquí más noticias de la Región del Biobío. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.