Actualización: En un comunicado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) disputó la investigación de CIPER. Según el órgano, "es incorrecto interpretar que algún criterio técnico utilizado para definir costos eficientes de la empresa modelo tenga vinculación directa con los costos reales de las distribuidoras o con las compensaciones efectivamente pagadas a los usuarios".
No figura en las facturas de luz, pero todos los meses se le cobra a alrededor de 7 millones de chilenos. Un 0,52% de sus pagos está destinado a financiar las compensaciones que las empresas eléctricas están obligadas a entregar cuando existen interrupciones en el servicio.
Un reportaje de CIPER indagó en la tarifa de distribución -un recaudo por uso y mantención de las redes energéticas- impuesta por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a las compañías. Así encontró que desde junio del 2024 existen dos cargos adicionales para indemnizaciones: dos cargos de 0,46% y 0,06%.
La discusión para reajustar el Valor Agregado de Distribución (VAD) se extendió entre el 2020 y 2024, por 42 meses, por discrepancias en el aumento de la tarifa. La solución se puso sobre los consumidores.
"El efecto en cuenta tipo es marginal", calificó la CNE, que buscó mitigar el alza del VAD y, a la vez, hacer cumplir la ley 18.410. La norma técnica obliga a las empresas a compensar los cortes superiores a tres minutos mediante un descuento en la próxima factura. Sería una "estrategia de menor costo" y más breve que invertir en infraestructura que podría reducir los costos de servicio.
La medida fue cuestionada por el Panel de Expertos que acompañó al debate. "El Panel estima inadecuado el criterio empleado por la CNE en orden a incorporar, en la tarificación basada en la empresa modelo, un monto por concepto de compensaciones a clientes por interrupción o suspensión de suministro", indicó en un dictamen respondiendo a Chilquinta.
Este cargo del 0,52 no se le cobra a todo Chile, pero está presente en nueve Áreas Típicas de Distribución (ATD) donde actúan Enel, CGE, Saesa, Frontel, Edelaysen, Luzosorno, Chilquinta, Coelcha, entre otras. Todas están en el Biobío.
De acuerdo a los cálculos de CIPER, si la cuenta promedio en la región es de $44.477, se dirigen unos $231 a las compensaciones por cortes de luz.
Por su lado, la Comisión emitió una declaración pública descartando que las cifras obtenidas por CIPER son parte de las compensaciones.
"Las tarifas eléctricas no incluyen ningún cargo destinado a financiar compensaciones que las empresas distribuidoras deben pagar a los consumidores por incumplimientos en la calidad de servicio. Tampoco existe un fondo destinado a financiar compensaciones futuras que las empresas deben pagar a los consumidores", indicó.
"La información entregada a Ciper corresponde a la estimación de un parámetro técnico utilizado en el diseño de la empresa modelo teórica que sirve de base para determinar las tarifas de distribución. Es incorrecto interpretar que algún criterio técnico utilizado para definir costos eficientes de la empresa modelo tenga vinculación directa con los costos reales de las distribuidoras o con las compensaciones efectivamente pagadas a los usuarios", agregó la CNE.
Sobre el alza acordada durante la discusión del VAD, apuntó a que evitó un aumento mayor. "De haber acogido la alternativa planteada por estas empresas, los clientes podrían haber sufrido un alza real de hasta un 37% adicional en sus tarifas de distribución, cifra que, al considerar la inflación acumulada desde 2020, podría haber llegado a cerca de un 80%”.
Por la tanto, "el criterio técnico adoptado por la CNE evitó que los clientes o consumidores pagaran sobrerentas por aproximadamente US$1.000 millones adicionales a las empresas eléctricas, montos que habrían debido sumarse a las reliquidaciones pendientes por inflación acumulada".
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