Por primera vez en Chile, Fiscalía formalizó a siete aserraderos del Biobío y La Araucanía por receptar madera robada, en una causa que desarticuló red ligada a la CAM y dejó 15 condenados.
En una acción judicial inédita en Chile, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a siete aserraderos de las regiones de La Araucanía y Biobío por el delito de receptación de madera robada.
Se trata de la primera vez que personas jurídicas son imputadas por este tipo de delito, en el marco de una investigación penal iniciada en 2022 que ya permitió condenar a 15 integrantes de una organización criminal dedicada al robo de madera. Entre estos últimos hay empresarios forestales, operadores logísticos y dos integrantes de una comunidad vinculada a la Coordinadora Arauco Malleco.
Según explicó el fiscal Enrique Vásquez, la investigación —desarrollada junto al OS-9 de Carabineros— permitió establecer que las empresas imputadas adquirieron madera sustraída desde predios de Forestal Mininco en Galvarino y Collipulli. “El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, señaló el persecutor.
Las empresas formalizadas son Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA). Cada una fue imputada junto a la persona natural que gestionó la adquisición de la madera en representación de la firma. “Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, destacó Vásquez.
Tras la audiencia, seis empresas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a pagar más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de Galvarino, como forma de reparación comunitaria. Estos fondos beneficiarán directamente a niños, niñas y adolescentes del sector afectado por el robo de madera.
La única firma que rechazó la salida alternativa fue PROMASA, que habría adquirido más de 2.300 metros cúbicos de madera robada por más de $144 millones. La Fiscalía anunció que seguirá adelante con el caso. “Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de manera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”, indicó el fiscal Vásquez.