La orden de liberación de Osmar Ferrer, uno de los imputados en el sicariato del "Rey de Meiggs", puso bajo la lupa al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo al que la diputada Camila Musante acusó de "inacción" en una causa personal.

En sus redes sociales, la parlamentaria escribió que "recibí una amenaza de muerte brutal". Esta indicaba "que ojalá amaneciera en una bolsa negra, cortesía del Tren de Aragua", dijo en un video capturado en el Congreso.

Una vez que denunció el hecho, al sujeto se le identificó y se le tomó declaración, "reconoce la amenaza y reconoce que fue dirigida hacia mi persona", indicó la representante. Aun así, salió libre sin ser formalizado, aseguró la diputada Musante, apuntando a una "inacción de la Justicia" y un posible peligro para las autoridades que condenan al narcotráfico, como ocurre en México o Ecuador.

"Justo cabe la coincidencia que el Octavo Juzgado de Garantía (...) también en este caso decide no hacer absolutamente nada con esta información", lamentó.

El tribunal, y en particular la jueza Irene Rodríguez, ha recibido cuestionamientos por permitir la salida del sicario de Santiago Uno. Según el Poder Judicial, la primera orden de ingreso contenía errores de redacción, y una subsecuente orden de libertad para rectificarla también.

A pesar que se emitió una alerta de captura internacional sobre el venezolano de 18 años, sigue prófugo.

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