Sorprendieron a cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) intentando ingresar 4 kilos de ketamina a un avión institucional y, uno de ellos, cercanos a la audiencia de formalización confesó que los narcovuelos habrían comenzado a principios del 2025.
En declaraciones en un informe de la PDI, revelado por MEGA, detalló los dichos de un ex funcionario, Mauricio Ponce, quien señaló su participación en reiteradas ocasiones. Relató un envío de droga, diciendo que coordinó con el sargento M., a quien le pidió que trasladara la maleta.
Este 15 de julio será la audiencia de formalización, en el Juzgado de Garantía de Iquique, en dónde se analizarán las medidas cautelares, abriendo el debate de en dónde cumplirán la eventual medida cautelar de prisión preventiva.
El Fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que "de momento, entiendo que la audiencia de formalización de mañana, se encuentra citada solo para efecto de personas que formaban parte de las Fuerzas Aéreas".
El abogado defensor de uno de los imputados, Marcelo Rocha, cuestionó el procedimiento que se llevó a cabo durante los primeros nueve días de detención, en el que su representado "permaneció en un recinto militar sin que nadie diera explicaciones de lo que pasaba con él".
También, detallo que la justicia militar ya entregó los antecedentes al Tribunal de Garantía de Iquique y que los detenidos fueron traslados a un centro de Gendarmería, considerando cumplido el encargo que motivo su participación en la causa.
Con el objetivo de resguardar la integridad de los ex funcionarios, según fuentes de EMOL, estos podrían ser trasladados a un recinto especial debido a su antigua labor, ya que en uno común correrían el riesgo de ser extorsionados.
Respecto al desarrollo de la investigación, Rocha denunció la falta de transparencia por parte de la justicia militar, que negó durante días el acceso a la carpeta investigativa.
“La investigación se tramitó bajo las normas del antiguo código de procedimiento penal, en una etapa secreta, pero hoy vemos filtraciones a la prensa sobre evidencias y declaraciones. Es una contradicción grave”, indicó.
En cuanto a la evidencia, el abogado cuestionó la calidad y, también la legalidad de los interrogatorios a su defendido sin la presencia de su representante, informando que "podríamos estar ante pruebas contaminadas o con cadenas de custodia alteradas".
Consultado por las recientes declaraciones de parlamentarios que proponen endurecer penas para miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en narcotráfico, el abogado respondió que aumentar las sanciones no necesariamente tiene efecto disuasivo, y que el foco debiera estar en corregir los vacíos legales.
"Los legisladores deben hacerse cargo de las ambigüedades del Código de Justicia Militar. La confusión sobre la competencia que vimos esta semana pudo haberse evitado con reformas claras”, señaló Rocha.
El caso que provoca revuelo a nivel nacional, el desarrollo del proceso será clave para determinar no solo la responsabilidad penal de los implicados, sino también las implicancias jurídicas de los procedimientos seguidos en su detención.
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