La Cámara de Diputadas y Diputados este lunes aprobó en general la idea de legislar un proyecto que establece multas para quienes no voten en elecciones populares. La propuesta busca fortalecer la participación electoral con sanciones económicas y contempla excepciones por motivos de salud, embarazo o ausencia del país, entre otras razones.

La iniciativa (boletín 13105) recibió 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, informó la Cámara. Debido a la presentación de indicaciones, el proyecto regresó a la Comisión de Gobierno Interior para su segundo informe antes de continuar con su tramitación legislativa.

Multas y excepciones

El proyecto, impulsado por la diputada Joanna Pérez junto a otros legisladores, modifica la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Se propone que quienes no voten paguen una multa de media a tres unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre $34.461 y $206.769 aproximadamente, a beneficio municipal.

La sanción no se aplicará si se acredita enfermedad, reposo por embarazo, parto, puerperio, ausencia del país o residencia temporal a más de 200 kilómetros del lugar de votación. También se contemplan otros impedimentos graves, siempre que se comprueben ante el juez competente, quien evaluará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Procedimientos y plataformas digitales

Las personas podrán presentar sus excusas a través de la plataforma del Servicio Electoral (Servel) hasta el mismo día de la elección o ante Carabineros de Chile, instituciones que emitirán los respectivos certificados. Además, se exceptuará de multa a quienes cumplan funciones designadas en elecciones, mediante comunicación oficial al Servel.

El proyecto establece que quienes hayan votado podrán recibir incentivos en prestaciones estatales, los que definirá el Ministerio del Interior mediante reglamento. Además, el Servel habilitará una plataforma digital para que los ciudadanos acrediten las causales que les impidieron sufragar en los comicios.

El debate en la Sala contó con intervenciones de parlamentarios como Diego Schalper, Francisco Undurraga, Jorge Brito, Marisela Santibáñez, Erika Olivera, Claudia Mix, Joanna Pérez y Jaime Araya, entre otros. Tras la última intervención, se votó cerrar la discusión, solicitud aprobada con 81 votos a favor, 45 en contra y 3 abstenciones.

El proyecto generó un debate político marcado por posturas cruzadas de oficialismo y oposición. Algunos parlamentarios destacaron que ya existe una reforma constitucional que restableció el voto obligatorio, considerando la multa como un paso lógico para garantizar la participación. Otros criticaron el proyecto, señalando que se legisla con un enfoque de corto plazo y que la democracia debe avanzar mediante información y educación cívica, no con sanciones onerosas.

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