A casi dos años del estallido del llamado “Caso Lencería”, el proceso judicial contra Camila Polizzi entra en una fase decisiva. Durante las próximas semanas, el Juzgado de Garantía de Concepción será escenario de tres audiencias claves que podrían marcar un antes y un después en el futuro penal de la excandidata a alcaldesa y figura central de uno de los casos más mediáticos del denominado “Caso Convenios”. La Fiscalía busca avanzar en nuevas formalizaciones y eventuales acusaciones, mientras que la defensa apuesta por acotar la indagatoria y revisar las medidas cautelares que pesan sobre ella.

La primera de estas audiencias se realizará este jueves 10 de julio, a las 10:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Concepción. Fue solicitada por la defensa de Camila Polizzi, encabezada por su abogado particular, Francisco García Retamal, y en ella se discutirá el apercibimiento de cierre de la investigación. La petición apunta a dar paso a la siguiente etapa procesal en la causa penal. A la instancia fueron citados la fiscal del caso, María José Aguayo Jofré, además de los querellantes y defensores. En caso de decretarse el cierre formal de la investigación, el Ministerio Público deberá definir si presenta acusación o solicita el sobreseimiento.

Las medidas cautelares contra Camila Polizzi

Posteriormente, el 21 de julio, a la misma hora, el tribunal revisará las medidas cautelares que afectan actualmente a Polizzi. Esta audiencia, solicitada por la fiscal Aguayo Jofré, pretende evaluar si corresponde mantener o modificar las condiciones impuestas a la imputada mientras avanza la causa. Se trata de un punto sensible, considerando que Polizzi se encuentra con arresto domiciliario total. En caso de inasistencia injustificada, la imputada podría ser conducida por la fuerza pública y arriesga el pago de costas procesales.

Se formalizaría imputación por delito tributario

Finalmente, el 19 de agosto, Polizzi volverá a enfrentar al tribunal, esta vez en una audiencia de formalización de investigación junto a Matías Godoy y Sebastián Polanco, este último en prisión preventiva. El Ministerio Público les atribuye la comisión del delito tributario de omisión fraudulenta de la declaración anual de impuestos, supuestamente cometido en abril de 2024 en Concepción. Salvo que nombren abogados particulares, la defensa será asumida por la Defensoría Penal Pública. Al igual que en las otras audiencias, la inasistencia injustificada podría tener consecuencias legales inmediatas para los imputados.

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