Este fin de semana, un reportaje de Sabes dio a conocer que 209 propiedades tiene la Contraloría para sus funcionarios a nivel nacional, donde los trabajadores de menor rango pagan $27 mil de arriendo mensual y los que tienen mejor sueldo pagan hasta $85 mil. 

Según una lista enviada por la misma Contraloría a Sabes, seis contralorías regionales tienen el beneficio de casa fiscal. En el caso del Biobío, el contralor Víctor Henríquez, tiene asignada una propiedad fiscal desde el 2021, por la que se le hace un descuento mensual de $85.227 a su sueldo. 

Parlamentarios del Biobío por arriendo de casas fiscales

Respecto a esta noticia, la diputada Marlene Pérez manifestó que la situación “me parece impresentable”. Esto, ya que “hay muchas personas que luchan para poder cancelar arriendos que han aumentado de manera considerable, pero también precisar que esto está en la ley de viviendas fiscales. Por lo tanto, es parte de la ley y acá es relevante poder hacer una modificación a esta ley para que no ocurran este tipo de injusticias que a funcionarios públicos que tienen sueldos altísimos se le cobre un arriendo o se le entregue una vivienda fiscal, entendiendo que hay muchos que sí la requieren y que no tienen esta posibilidad. Me parece que es de una injusticia tremenda, así que yo creo que acá es importante levantar una iniciativa para reformar esta ley”.

Asimismo, la parlamentaria por el distrito 21 del Biobío, Joanna Pérez, mencionó que “este es un tema que está en la ley y que probablemente se necesita actualizar. No lo ha hecho ni un Gobierno, esto requiere también que el Gobierno se inmiscuya porque tiene que ver con recursos público. Y justamente lo conversamos con la Contralora porque la ley permite que cualquier funcionario público pueda tener acceso a una vivienda en el sentido que se pueda analizar por el servicio y establece un monto de su remuneración que debe pagar, y que claro, uno podría decir cuando un funcionario tiene función crítica o tiene una alta remuneración que se ha mejorado bastante, sobre todo la de los directivos, pudiéramos limitar aquello”. 

“Creo que eso debe ser una propuesta, lo conversamos en la Comisión de Gobierno ahora saliendo con la Contralora y creo que amerita. Pero, fue ideado por ejemplo cuando no teníamos funcionarios disponibles para irse a Aysén u otras regiones, Arica, pero hoy día tenemos una amplia gama de profesionales que está disponible para estar en regiones no solo en las más centrales sino también en las aisladas”, sostuvo. 

Por otro lado, la diputada María Candelaria Acevedo señaló que “se entiende que existan casas fiscales, sobre todo cuando se necesitan en zonas extremas para que el Estado pueda cumplir con algunas funciones. Ahora bien, cuando existe un déficit habitacional tan grande como el que tenemos en nuestro país, que funcionarios públicos con sueldos altísimos accedan a casas fiscales pagando de arriendo un monto casi testimonial me parece que es bastante impresentable, pese a que no estén incumpliendo ninguna norma en particular”. 

Sobre esto, planteó que “las mismas instituciones puedan realizar una revisión exhaustiva de quienes utilizan estos inmuebles”. Por otro lado, que “se analice que en esos mismos terrenos se evalúe la construcción de departamentos o casas para avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional, usando los terrenos fiscales para dicho fin”. 

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