Seis contralorías regionales tienen el beneficio de casa fiscal según una lista enviada por la misma Contraloría a Sabes, después de ser solicitada vía transparencia. La lista está actualizada a enero de este año y tiene como beneficiarios a los contralores Juan Pablo Leone (Arica y Parinacota), Eduardo Véliz (Atacama), Hugo Segovia (Coquimbo), Víctor Henríquez (Biobío), Marcello Limone (fue contralor regional de la Araucanía hasta abril de 2025 y luego fue trasladado a Santiago) y Carlos Bilbao (fue contralor regional de Magallanes hasta abril de este año, pero ese mismo mes reemplazó a Limone en la Araucanía). Sus arriendos varían entre los 82 a los 85 mil pesos.

En el caso del contralor regional del Bío Bío, Víctor Henríquez, tiene asignada una propiedad fiscal desde el año 2021. El inmueble se ubica muy cerca de las universidades del Desarrollo y de Concepción. Por ella se le hace un descuento mensual de $85.227 a su sueldo. La remuneración bruta de este alto funcionario es de $7.444.538 en un mes normal (cuatro veces al año recibe asignaciones especiales por metas: en el mes de junio por ejemplo, su sueldo bruto fue superior a $12 millones).

Solicitud por Ley de Transparencia

Sabes solicitó vía Ley de Transparencia a casi 100 organismos, los datos respecto a qué funcionarios tienen casas fiscales, cuánto pagan de arriendo por ellas y desde cuándo las ocupan. Esta semana informamos la respuesta de la Contraloría y durante las próximas semanas entregaremos lo recopilado de las otras instituciones fiscales que respondieron a nuestras solicitudes.

Cabe recordar que hace dos semanas nuestro medio realizó una primera entrega respecto a las casas fiscales, en esa ocasión enfocada a las que están bajo administración del Poder Judicial. En ese caso se detectó que al menos 24 jueces, cuyos sueldos superan los 7 millones de pesos mensuales, viven en viviendas estatales desde hace más de una década. Estos magistrados pagan 150 mil pesos de arriendo mensual.

Departamentos en pleno centro

En cuanto a Contraloría, el excel que enviaron como respuesta desde esa entidad da cuenta de 209 viviendas en todo Chile entregadas a funcionarios. Los beneficiarios pagan entre 27 mil y 85 mil pesos, dependiendo de su sueldo. En el caso de la Región del Bío Bío hay 14 inmuebles asignados, de los cuales nueve se ubican en Diagonal Pedro Aguirre Cerda.

La región con más viviendas para funcionarios de Contraloría es la de Valparaíso, con 41. Las propiedades fiscales se ubican principalmente en calle 1 Poniente (Viña del Mar). En esa región está además la vivienda con arriendo más barato dentro del organismo: 27 mil mensuales. El sueldo bruto del trabajador beneficiario era de 805 mil pesos. En esa misma región un abogado con renta de $2.500.000 bruto, paga un arriendo de $50.117 por su vivienda fiscal.

Lo que dice el reglamento de uso de casas fiscales

Según el reglamento de uso de casas fiscales de Contraloría, la asignación es realizada por el contralor regional. En su decisión puede utilizar criterios como “desempeño del funcionario, su situación económica y familiar, y otros que resulten atingentes”. 

El documento también sostiene que “todas aquellas mejoras o reparaciones que no tengan el carácter de locativas serán efectuadas por la Contraloría”. Eso sí, depende de los recursos con que se cuenten en la entidad. Como ejemplo, en la última normalización de las instalaciones de gas de las viviendas fiscales de Contraloría en Magallanes, en agosto del año pasado, se gastaron $22.400.000, según información recopilada de la página web de Mercado Público. 

En el reglamento no se especifican limitantes respecto al tiempo que pueden ocuparse estas viviendas. Según la información entregada por Contraloría, hay 39 funcionarios -de los 209 que tienen casa asignada- que ocupan las propiedades hace más de una década. La ocupación más antigua es de una vivienda en la región de Aysén, asignada en 1992. La funcionaria tiene actualmente un sueldo bruto de $3 millones.

Se enviaron preguntas a la Contraloría sobre criterios de asignación y limitantes de tiempo de uso, pero hasta el cierre de este artículo no obtuvimos respuesta.

*La revisión de las respuestas del organismo enviadas vía Transparencia y la corroboración de datos de este reportaje, fueron realizadas por los estudiantes de Periodismo de la Universidad de Concepción Eloísa López y Lukas Figueroa.

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