El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó oficialmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicie un proceso judicial para la disolución de la Fundación Procultura.
A través de un comunicado, hicieron esta petición tras antecedentes de graves irregularidades, posibles faltas e incluso delitos en su funcionamiento y uso de fondos públicos, por parte de miembros de la organización y terceros en la administración.
Luego de una exhaustiva fiscalización realizada por la Subsecretaría de Justicia, a través del Departamento de Personas Jurídicas, se tomó la decisión de proceder con la petición de disolución.
Durante el proceso de control, el Ministerio solicitó en múltiples ocasiones diversas documentación a la fundación, a lo cual obtuvieron respuestas incompletas, evasivas o directamente omitiendo la información requerida.
Esto impidió la evaluación transparente de su gestión y, tras agotar las instancias administrativas, la entidad concluyó que Procultura desvió sus recursos y actividades hacia fines distintos a los establecidos en los estatutos.
Además, detectó un uso desproporcionado de fondos destinados a personal y honorarios, sin vinculación clara con el objeto social declarado por la entidad. En base a estos antecedentes, la cartera considera que la Fundación Procultura incurrió en infracciones graves a sus propios estatutos.
Según declaraciones, el Ministerio informa que “de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 557 y 559 letra c) número 1) y 2) del Código Civil”, solicitó al CDE que presente la acción judicial correspondiente para poner fin a la personalidad jurídica de la organización, reconocida oficialmente desde mayo de 2010 mediante el Decreto de Justicia N° 3.031.
Esta medida se enmarca en la fiscalización sobre entidades que administran recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas.
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Amanda Oliva
Estudiante de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.