El martes pasado el Congreso despacho la reforma al sistema notarial y registral luego de una extensa discusión respecto a aspectos orgánicos y funcionales. Esto se concretó en medio del debate por el informe de la Comisión Mixta preparado para disminuir las diferencias entre ambas ramas del Congreso acerca de siete puntos específicos.

Con 36 votos a favor y una abstensión el senado aprobó, en una primera votación, la mayoría de las indicaciones acordadas por la Mixta, a excepción de las disposiciones relativas al Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Aquel punto concitó el debate no solo por el tema de fondo, sino que también por la discrepancia en el esquema de votación aplicado por la Cámara de Diputados, pues solo se realizaron dos votaciones y no las tres que se proponían en el informa de la Comisión Mixta.

En una de estas votaciones se indicaba que si se rechazaba el régimen especial para dividir el Conservador de Santiago se debía mantener el modelo actual que lo considera como una unidad indivisible. Sin embargo, la Cámara votó únicamente por el régimen especial, rechazándolo. Por ende, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago quedará bajo las normas generales de división aplicables a los Conservadores del resto de Chile.

Ahora bien, el Senado respaldó en una segunda y tercera votación todo lo relacionado con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Pese a esto, en la práctica solo se despacha a ley las normas en las que concuerdan ambas corporaciones. Por ello se afirma que la repartición queda sujeta a normas generales.

Los detalles del proyecto

Básicamente, el proyecto establece un nuevo sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, en donde dicho poder queda en manos de la Alta Dirección Pública y en el Ejecutivo. De igual manera, se propone una regla para inhabilitar de esta clase de puestos a quienes tengan al menos un parentesco cercano con algún parlamentario, ministro de Estado, subsecretario o miembro del Poder Judicial.

En la misma línea, también se implementan requisitos mínimos para la prestación del servicio de cada una de las notarías del país. En este sentido, se incluyen exigencias en materia de infraestructura, equipamiento, página web y horarios mínimos de funcionamiento y atención al público.

Por último, se establece que la fiscalización ya no la harán los ministros de las Cortes de Apelaciones, de modo que ahora dicha tarea será realizada por los fiscales judiciales de las Cortes y también por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en todos aquellos aspectos relacionados con la prestación del servicio.

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