Este viernes 27 de junio fue una jornada dura para los parlamentarios Joaquín Lavín León (ex UDI) y Miguel Ángel Calisto (ex DC). Fiscalía anunció que investiga a ambos por presunto fraude al Fisco en causas separadas.

Si bien los casos de los congresistas son diferentes, la acusación y el manejo de la investigación son similares. La situación del diputado Lavín consiste en un eventual financiamiento ilegal de su campaña electoral, a través de la emisión de facturas ideológicamente falsas.

En tanto, la historia de Calisto se trataría de una serie de contratos y pagos concretados por el parlamentario y otras tres personas. El problema recae en la inexistencia de documentos que avalen la realización y entrega de los servicios supuestamente contratados.

El Ministerio Público, a través de la fiscal Lorena Parra, fue quien pidió el desafuero del hijo del ex alcalde de Las Condes. En tanto, la Fiscalía Regional de Aysén fue la entidad que solicitó la suspensión del representante del distrito 27.

"Ambos casos están relacionados con el manejo y la utilización de asignaciones parlamentarias de forma irregular, lo que consideramos, debido a la gravedad de los antecedentes y la eventualidad de comisión de delitos, que deben ser conocidos por los tribunales de justicia", sostuvo el fiscal Eugenio Campos, según lo reportado por CNN Chile.

Igualmente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló individualmente contra ambos diputados. En caso de aprobarse ambas iniciativas, el Congreso tendría un total de seis desaforados: María Luisa Cordero (Ind./Chile Vamos), Francisco Pulgar (ex PDG), Mauricio Ojeda (ex Republicanos) y Catalina Pérez (ex FA); además de Miguel Ángel Calisto y Joaquín Lavín León.

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