La Contraloría General de la República reveló un aumento sostenido del gasto por licencias médicas en municipios de la región del Biobío, con cifras que posicionan a varias comunas entre las más afectadas a nivel nacional. Así lo concluye el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº12, correspondiente al período 2015–2024.

Según el documento, Los Ángeles, Chillán, Talcahuano, Coronel, Tomé y Arauco registraron altos montos en licencias médicas durante 2024, destacando Los Ángeles con $8.961 millones, Talcahuano con $6.216 millones, y Chillán con $6.801 millones. Estas cifras ubican a dichas comunas dentro del top ten nacional por gasto en este ítem.

Además, Tomé y Arauco aparecen con porcentajes destacados al comparar licencias con el gasto total en personal: Tomé llega al 9,5% y Arauco al 9,6%, superando ampliamente el promedio nacional del 5,8%. Esto podría generar una presión presupuestaria, que afectaría otras áreas de la municipalidad.

Áreas críticas: Los Ángeles con mayor gasto en licencias médicas a nivel nacional

El informe destaca que las áreas más críticas en el Biobío corresponden a salud y educación. En el área de salud, Los Ángeles aparece como el municipio con mayor gasto en licencias médicas a nivel nacional, con $3.581 millones, lo que representa un 9,4% del total destinado a personal en esa área. En tanto, Chillán presenta en educación un gasto de $4.213 millones y Talcahuano en Salud $2.442 millones.

En educación, las comunas de Hualpén, Yungay, Negrete y Ránquil aparecen entre las más afectadas a nivel nacional por el porcentaje de licencias médicas sobre gasto en personal, con niveles que superan el 12%. En particular, Negrete y Yungay presentan aumentos sostenidos desde 2015.

Según la Contraloría, el alza general del gasto en licencias médicas a nivel país alcanzó un 321% en la última década. En ese mismo periodo, los gastos en personal crecieron 131,8%, lo que refleja una desproporción preocupante entre ambos indicadores.

La CGR advierte que, aunque las licencias médicas son reconocidas por ley y pueden ser reembolsadas posteriormente por FONASA, Isapres o cajas de compensación, los municipios deben adelantar esos pagos, lo que podría generar déficits transitorios y comprometer la ejecución de otros gastos.

El organismo llamó a los municipios a fortalecer los controles internos y la gestión de recursos humanos, con el fin de prevenir posibles abusos y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. En paralelo, anunció que seguirá monitoreando esta situación en futuras entregas del informe CIC.

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