Una operación de gran envergadura encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitió desmantelar la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile.

El operativo, desarrollado en distintas regiones del país, incluyendo la Región del Biobío, dejó un saldo de 52 detenidos —45 de ellos de nacionalidad venezolana y siete chilenos— quienes habrían participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de delitos como narcotráfico, secuestros y extorsiones.

Según se informó tanto de Fiscalía como desde la Policía de Investigaciones, la red logró mover más de 13 millones de dólares mediante la creación de empresas fachada y el uso de testaferros (persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona) con residencia legal en Chile, lo que les permitió acceder al sistema bancario.

Parte de los fondos era convertido en criptomonedas, lo que dificultaba su trazabilidad, y posteriormente enviado al extranjero, principalmente a países como Venezuela, Colombia, México, EE.UU. y España.

La investigación, que se extendió por más de un año, fue considerada como un hito en la lucha contra el crimen organizado en Chile. Los detenidos no estarían directamente vinculados a los actos de violencia característicos de la organización, pero sí cumplían un rol clave en el sostenimiento económico de sus operaciones ilícitas.

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