Una serie de irregularidades en el uso de recursos públicos detectó la Contraloría General de la República en la Región del Biobío, según los resultados del informe de fiscalización 2024. Los hallazgos involucran al Gobierno Regional (GORE), delegaciones presidenciales y municipios, con observaciones que suman más de $393 mil millones, lo que equivale aproximadamente al 26,1% del monto total que asciende a $1,5 billones.
Este total incluye: $86.573 millones por saldos pendientes de rendición o reintegro del Gobierno Regional del Biobío, $391 millones en gastos improcedentes o sin respaldo, y más de $306.312 millones en otras observaciones asociadas a rendiciones tardías, conflictos de interés, sobreprecios, pagos sin justificación, faltas a la probidad, mal uso de recursos en salud y vivienda, y deficiencias administrativas detectadas en entidades como municipios, delegaciones presidenciales, JUNJI, SERVIU y hospitales.
La cifra posiciona al Biobío como una de las regiones con mayor nivel de observaciones y cuestionamientos por el uso de recursos públicos en el país.
Uno de los casos destacados corresponde a la Corporación Cultural Artistas del Acero, cuyos gastos por $324 millones fueron aprobados por el GORE Biobío, pese a que no existían antecedentes suficientes para verificar la correcta ejecución de los servicios contratados. A esto se suman rendiciones atrasadas por $254 millones y una transferencia directa por $180 millones a una fundación sin exigir garantías. Además, $31 millones no fueron adecuadamente justificados, de acuerdo con el Informe N° 636/2024.
La Contraloría también advirtió un conflicto de interés entre el gobernador regional y un dirigente de una entidad privada beneficiada, quien participó en su campaña como vocero. En el mismo documento, se establece que dos personas contratadas por una fundación financiada por el GORE realizaron funciones propias del organismo público. Además, se detectaron retrasos de hasta 198 días hábiles en la evaluación de 72 rendiciones por más de $1.509 millones, las que no contaban con resolución de aprobación o rechazo.
El Biobío figura en el tercer lugar nacional con $391 millones observados por gastos improcedentes o sin respaldo, y en el segundo lugar con $86.573 millones en saldos pendientes de rendición o reintegro por parte del GORE.
La Delegación Presidencial Regional del Biobío no quedó exenta de reparos. Se detectó un sobreprecio de $370 millones en servicios contratados para el manejo de especies marinas varadas, y un pago duplicado de $74 millones por viviendas de emergencia ya contratadas por SENAPRED. Además, en la Municipalidad de Nacimiento, se validaron pagos por más de $60 millones sin documentos que acreditaran la correcta ejecución de los trabajos, y $23 millones por fosas sépticas no instaladas.
El reporte detalla observaciones durante el período electoral. La Municipalidad de Alto Biobío entregó beneficios por $296 millones sin documentación suficiente. En Concepción, se observó una situación similar con $9 millones. También se advirtieron procesos de compra irregulares, como la adquisición de más de 300 tazones promocionales sin justificación clara, nuevamente en Alto Biobío.
Las irregularidades en la Municipalidad de Concepción incluyeron un caso de mal uso de bienes municipales en contexto electoral. Se detectó la promoción de candidaturas en redes sociales institucionales y personales de funcionarios, así como el uso reiterado de la imagen de una alcaldesa en campaña. Además, una funcionaria otorgó autorizaciones administrativas a un pariente directo, configurando conflicto de interés, al ser abuela de los hijos del beneficiario.
En el sector salud, los hospitales públicos del Biobío exhiben graves deficiencias en el control de jornadas laborales y uso de recursos. El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles pagó más de $39 millones a una funcionaria ausente por meses. Además, siete médicos realizaron actividades remuneradas mientras se encontraban con licencia médica. El mismo recinto no pudo acreditar el uso de medicamentos controlados como fentanilo y morfina, extraídos de pabellones quirúrgicos.
El Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente tampoco escapa a las observaciones. Se comprobó que no se descontaron inasistencias ni retrasos de médicos, y que 10 facultativos realizaron docencia universitaria en horario laboral, acumulando más de 3.900 horas sin compensación. Además, el jefe del Servicio de Otorrinolaringología visó permisos de su hijo, también funcionario del hospital, sin abstenerse, contraviniendo normas éticas.
Por su parte, el Hospital Las Higueras de Talcahuano evidenció 2.340 días sin registro de asistencia por parte de 46 médicos. También se detectaron pagos sin respaldo por más de $4 millones y docencia universitaria realizada durante horarios laborales sin compensación alguna. Además, se verificó el incumplimiento de jornadas por 35 médicos y actividades no justificadas por otros 37.
En el área de Obras Públicas, la Dirección Regional de Vialidad del Biobío registró un caso crítico. El jefe de Conservación de la oficina provincial de Concepción intervino en decisiones operativas sobre una ruta que pasa frente a un terreno de su propiedad, sin que existan mecanismos formales para evitar este tipo de conflictos.
En el sector vivienda, la SEREMI del Biobío incumplió el objeto de un convenio con la Fundación Urbanismo Social por $34,8 millones, al no ejecutar las actividades comprometidas para el cierre del campamento Temístocles Rojas de Concepción. Asimismo, en el marco de programas de asentamientos precarios y barrios, se detectaron gastos improcedentes y sin respaldo en rendiciones con $6 millones observados.
En paralelo, el SERVIU Ñuble fue objeto de otra observación crítica. Se entregaron subsidios habitacionales a familiares directos del exdelegado provincial de Ñuble, perteneciente al SERVIU Biobío, sin que estos cumplieran con los requisitos normativos. Se investigan posibles delitos de cohecho y faltas a la probidad administrativa.
Finalmente, en materia ambiental, el Biobío aparece rezagado. Según la Contraloría, la región aún no cuenta con un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) aprobado. Además, su anteproyecto regional (PARCC) aún se encontraba en elaboración al momento del informe (CIC N° 3 y N° 8).
Estos hallazgos refuerzan la preocupación por el manejo de los recursos públicos en el Biobío, región que figura entre las más observadas del país por la cantidad, gravedad y diversidad de irregularidades detectadas en distintos niveles del aparato estatal.
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Natalya Vidal
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