Malestar existe en la industria de la pesca luego que el Congreso aprobó la Ley de Fraccionamiento, que incluye un impuesto a la captura de Jurel.

Y es que la norma establece la eliminación del sistema de subastas y definió un mecanismo de patente especial a beneficio fiscal. Está dirigido a los armadores industriales titulares de derechos que provengan de contratos de transferencia a cualquier título, debidamente autorizados para capturar cuotas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva de Chile.

El valor de la patente ascenderá a 1,3 UTM por cada tonelada del recurso que se haya transferido en virtud de los contratos antedichos. Con todo, el valor de la patente no podrá ser inferior a 250 UTM. Se exigirá como requisito previo al proceso el realizar una solicitud ante la Subpesca. En ella se incluirán los antecedentes que respaldan la asignación.

Lo anterior generó críticas al interior de los Pescadores Industriales del Biobío, ya que “este arancel para la pesca industrial de la Región del Biobío gravará las compras internacionales de jurel que Chile ejecuta al interior de ORP-Sur, en US$95/ton. Actualmente la tonelada de jurel en el mercado internacional de traspasos tiene un valor de US$300 aproximadamente. Esto significa que las empresas chilenas deberán pagar ahora un sobreprecio del orden del 30% frente a sus competidores internacionales”.

La industria crítica fraccionamiento del Jurel

La presidenta de la entidad, Macarena Cepeda, indicó que “le quita pesca a las empresas del Biobío y les aumenta los impuestos a través de una patente exclusiva al Jurel. Esto es insólito e incomprensible, por lo que no se entiende que aquellas empresas que pierden participación en la principal pesquería industrial de Chile se les aumenten los gravámenes”.

Postura similar tienen en Camanchaca, ya que “la combinación de ambos factores frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena. En el caso de Camanchaca, significará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen que va directo a pérdida de industrialización y empleo regional”.

Según el gobernador Sergio Giacaman, “es un impuesto que impacta en el Biobío, porque son empresas locales las que compran cuota internacional. Esto va a provocar disminución del empleo. Yo no celebraría esto y si bien se aprueba el acuerdo en la merluza, hay que evitar la disminución del empleo”.

Valoración positiva a la Ley de Fraccionamiento

Eso sí, desde la pesca artesanal, consideran que el porcentaje de captura del Jurel es “es súper relevante que el sector pesquero tenga una cobertura de financiamiento, esta Ley de Fraccionamiento generaba un vacío allí. Las autoridades determinaron que el mecanismo de incorporar un impuesto específico al 25% adicional de Jurel que llega al territorio nacional, a propósito de la decisión de la ORP”, comentó el presidente de Ferepa Biobío, Cristian Arancibia.

Arancibia complementó que “hace justicia también con el uso de los recursos naturales que está haciendo la industria pesquera en una estructura muy distinta a lo que hace la pesca artesanal que amerita generar también un tratamiento tributario distinto y eso creemos que es una medida aceptada que no pondría en riesgo a nuestro juicio para nada los trabajos de la Región del Biobío”.

Desde el Ejecutivo, el delegado presidencial Eduardo Pacheco estimó que “el financiamiento fue parte del debate que se originó por todas las instancias y yo esperaría lo que determine el Senado, ya que se pidió un resguardo de los empleos para la Región del Biobío, y eso se logró”.

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