En la jornada del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero, lo que generó rechazo por parte del gerente general de Camanchaca, Ricardo García, quien criticó el impacto que tendrá la normativa en el rubro, asegurando que “genera un daño patrimonial grave” y que exigir una indemnización “es lo justo”.

El administrador general señaló que la industria pesquera “ha sido golpeada duramente por esta ley que introduce estos cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente (2032), lo que conlleva un perjuicio económico enorme, que en el caso de las empresas del Biobío es doble porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel”.

“El efecto será directo sobre el nivel de actividad, el empleo y los tributos a la renta que hoy genera el segmento más intensivo en mano de obra del sector”, agregó.

Asimismo, García explicó que la reducción de la fracción de cuotas y arancel afectará “de forma significativa” el dinamismo de la industria pesquera regional y que “la combinación de ambos factores frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena”.

En el caso de Camanchaca, esto significará “una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen que va directo a pérdida de industrialización y empleo regional. Se agrava la situación por los contratos que tiene suscrito Camanchaca con partes extranjeras para la compra de cuotas internacionales, que no consideraron ningún tipo de gravamen y que significa poner en riesgo esa producción chilena”. “Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo”, mencionó

Por último, García enfatizó que el Estado “cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”.

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