La Comisión de Salud del Senado sesionó este martes para continuar la discusión del proyecto de ley sobre eutanasia en Chile, que se encuentra en su segundo trámite constitucional. A la instancia asistieron las ministras de Salud, Ximena Aguilera; de la Segpres, Macarena Lobos; y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quienes presentaron y defendieron las nuevas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo.
La ministra Aguilera subrayó que se trata de una propuesta transversal. “Este proyecto no es un patrimonio ideológico ni de izquierda ni de derecha, sino la manifestación de una sociedad que reconoce la libertad y la necesidad de dar discusiones con componentes éticos y vinculados a la autonomía de las personas”, indicó.
Entre los principales ajustes, el Gobierno propone la creación de un Comité de Garantía y Evaluación Nacional, que velará por que cada solicitud de eutanasia sea revisada bajo criterios médicos y científicos, considerando las circunstancias personales del paciente. “No se trata de establecer un listado de enfermedades, sino de analizar caso a caso”, precisó Aguilera.
En cuanto al proceso, se establece que el paciente debe hacer una primera solicitud informal al médico tratante, quien puede presentar objeción de conciencia. Esta manifestación debe quedar registrada en la ficha clínica. Posteriormente, se debe hacer una segunda solicitud formal, con al menos dos testigos que no tengan conflictos de interés patrimoniales o funcionales.
Una vez reunidas ambas solicitudes, el médico tratante debe presentar el caso al comité evaluador, que tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, garantizar los derechos del paciente y revisar el mérito clínico de la solicitud.
El proyecto contempla dos formas de asistencia médica para morir: la administración directa de un fármaco por un profesional de salud y la autoadministración supervisada, conocida como suicidio asistido. Ambas opciones deben contar con prescripción médica y supervisión durante el procedimiento.
También se definieron los espacios en los que puede realizarse esta asistencia: establecimientos de salud públicos o privados, así como el domicilio o residencia del paciente.
Además, el Ejecutivo propuso garantizar el acceso a la eutanasia a todos los beneficiarios del sistema previsional chileno, incluyendo a quienes reciben atención bajo la Ley 16.744, que cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Finalmente, el proyecto establece que el personal sanitario involucrado en el proceso quedará exento de responsabilidad penal, con el objetivo de evitar que se les acuse por delitos de homicidio o auxilio al suicidio. La comisión acordó seguir la discusión incorporando nuevas miradas, y cada senador podrá llevar dos expertos para profundizar en el debate.
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Natalya Vidal
Periodista de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.