Este lunes 16 de junio, los ministros de la Corte Suprema se realizaron voluntariamente un examen de pelo para detectar eventuales consumos de drogas. La medida, que abarca hasta 90 días previos a la toma de la muestra, busca reforzar la confianza pública en el actuar del máximo tribunal.

La totalidad de los jueces en ejercicio, incluido el presidente Ricardo Blanco Herrera, participaron del procedimiento, que se enmarca en un acuerdo para prevenir el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro del Poder Judicial y su Corporación Administrativa.

El examen, según informó La Tercera, se realizó con una empresa especializada cuya contratación se licita cada tres años. El protocolo establece que una muestra aleatoria de funcionarios judiciales será sometida al test cada año, pero en esta ocasión los ministros optaron por participar de forma voluntaria y unánime.

Control y reserva en los resultados de ministros de la Corte Suprema

La ministra vocera María Soledad Melo explicó que “esta es una decisión del Pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, de confianza y legitimidad. Optamos por hacerlo como un organismo colegiado”. Hasta ahora, los ministros podían ser sorteados como cualquier funcionario judicial en febrero, pero decidieron someterse al test como gesto de transparencia.

Cada año, a nivel nacional se aplican entre 550 y 600 pruebas, de forma aleatoria, imprevista y reservada. Los resultados son entregados de forma confidencial a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que informa al Pleno de la Corte Suprema sólo los resultados negativos y los casos de funcionarios ausentes.

En caso de un resultado positivo, la normativa exige realizar una contra muestra y una evaluación clínica integral para determinar si existe dependencia a una sustancia ilegal o si se trata de un consumo asociado a tratamiento médico.

Si la dependencia se debe a un tratamiento formal, el funcionario puede seguir en sus funciones, pero debe entregar una declaración jurada informando su condición. En cambio, si se confirma una adicción sin justificación médica, el funcionario puede ser suspendido por el Pleno y derivado a un proceso de rehabilitación obligatoria.

Según detalló La Tercera, la Corte Suprema continuará aplicando estos controles bajo un estricto criterio de confidencialidad y prevención, como parte de un compromiso institucional.

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