Chile ha dado un paso decisivo hacia el futuro con la tramitación del primer proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA). En un escenario mundial marcado por el vértigo tecnológico, resulta alentador constatar que nuestro país no solo observa el fenómeno con atención, sino que asume un rol activo y soberano en su regulación.

Valoro especialmente que esta iniciativa combine dos elementos esenciales: una comprensión técnica actualizada del fenómeno y un enfoque normativo que sitúa en el centro a la persona humana y sus derechos fundamentales. No se trata solo de regular artefactos, sino de anticipar impactos sociales, económicos, éticos y jurídicos de una tecnología que ya está modelando nuestras vidas.

El proyecto en trámite, inspirado en parte en la legislación europea, pero con una mirada propia, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, establece principios rectores claros, y crea una institucionalidad técnica y fiscalizadora robusta. Se trata de una norma que busca habilitar el desarrollo tecnológico sin sacrificar la protección de los derechos fundamentales ni la equidad en el acceso y uso de estas herramientas.

Destaco, por ejemplo, la decisión en Chile de prohibir ciertos usos de inteligencia artificial por considerarlos de riesgo inaceptable —como los sistemas de vigilancia biométrica masiva o de calificación social—, lo que marca una línea ética clara para el desarrollo tecnológico. A la vez, la creación del Consejo Asesor Técnico de IA y la asignación de facultades de fiscalización a la Agencia de Protección de Datos Personales refuerzan un modelo de gobernanza moderna y transparente. Seguirá siendo un desafío resolver en la venidera tramitación, su uso en los sistemas judiciales sin vulnerar el debido proceso.

Chile ha sido pionero en América Latina al adoptar una Política Nacional de IA en 2021. Esta ley representa el paso lógico y necesario para dotar de fuerza vinculante a los principios que inspiraron esa política pública. Su enfoque basado en riesgos, su articulación con el derecho de protección de datos y su apertura a la innovación responsable, sitúan a nuestro país en la vanguardia regulatoria regional.

La inteligencia artificial no es neutral. Su diseño, entrenamiento y aplicación pueden perpetuar sesgos o amplificar desigualdades si no se abordan con responsabilidad. Por eso, es imperativo contar con un marco legal claro que impida usos opacos, discriminatorios o abusivos. Este proyecto da esa respuesta sin paralizar la innovación, promoviendo un desarrollo inclusivo y con sentido democrático.

Esta legislación, que celebro en su médula con convicción, refleja una visión país: un Chile que no teme al futuro, que confía en su talento científico y técnico, y que opta por una tecnología al servicio de la dignidad humana. Es hora de que otros países de la región se sumen a este camino. Nosotros ya hemos comenzado a transitarlo.

El columnista es Abogado de la U. de Concepción, Magister en Derecho por la UNR de Argentina y la California W S de USA y Diplomado en Inteligencia Artificial por la  Universidad de Salamanca, España. Actual Secretario Internacional del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y Presidente de su capítulo en Chile.