Hay al menos 24 causas de parte de trabajadores contra el SSC. La mayoría son de funcionarias mujeres que acusan persecución y malos tratos de parte de la actual dirección, liderada por Víctor Valenzuela. En las causas que ya tienen sentencia, el Servicio suma más de 220 millones de pesos en pagos de indemnizaciones, remuneraciones, cotizaciones y costas.
Aunque las demandas por despido injustificado son algo común en la administración pública, los casos ocurridos durante la dirección de Víctor Valenzuela Alvarez en el Servicio de Salud de Concepción (SSC) tienen algunas características que llaman la atención. La gran mayoría es de parte de mujeres y al menos en tres de ellas, el Servicio despidió a funcionarias a pesar de que tribunales acogieron tutelas laborales a favor de estas.
Son 24 las causas laborales más complejas. En 10 de ellas ya hay fallos de tribunales. Sabes revisó las sentencias y entre remuneraciones, cotizaciones, daño moral y costas, el SSC fue condenado a pagar más de 220 millones de pesos. También solicitó la versión del Servicio de Salud, el cual contestó que en varios de estos casos los despidos responden a irregularidades o acoso laboral de parte de las mismas funcionarias denunciantes, por lo que fueron sancionadas o no pueden ser reintegradas.
Las funcionarias sostienen que la versión del Servicio es falsa, que los fallos de tribunales las respaldan y que es el organismo público el que no está acatando las sentencias.
Una de las tutelas falladas a favor de una denunciante, es la de la jefa del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais), la asistente social Francisca Vera. Su caso fue parcialmente conocido hace unos meses, ya que involucra a una parlamentaria en ejercicio.
Vera denunció hacia su jefatura, el director Víctor Valenzuela, que una doctora emitió un certificado médico a la diputada oficialista María Candelaria Acevedo (PC), a pesar de que la facultativa se encontraba a la vez con licencia. Pero según Vera, después de su denuncia comenzaron actos persecutorios contra ella, por lo que presentó una tutela laboral (una acción judicial que busca resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores), la que fue acogida en primera instancia por el Juzgado Laboral de Concepción.
El tribunal determinó que su remoción fue “arbitraria y vulnera su derecho a la honra y a la integridad psíquica”. A su vez, sentenció al SSC a un pago indemnizatorio de $5 millones.
No sólo eso. En la sentencia se destaca que la hija de Víctor Valenzuela es amiga íntima de la doctora denunciada por la funcionaria Francisca Vera. Por esto el Servicio habría dado más crédito a la palabra de la doctora denunciada, que a la de Vera. “Los antecedentes expuestos configuran indicios suficientes de una vulneración al derecho a la integridad psíquica de la demandante”, dice el fallo del juez Fernando Stehr.
Actualmente la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones, ya que el SSC presentó un recurso de nulidad que aún no ha sido resuelto. “Fui leal a la función pública. El castigo fue perder mi salud, mi espacio y mi voz”, dice Vera.
Otra de las denunciantes es Katherine Fica, contadora auditora que llevaba 15 años trabajando en el SSC. Según su testimonio, un día la citaron a un café donde le obligaron a firmar una rebaja de remuneración. “Estaba enferma y con licencia médica por acoso laboral. Sentí miedo y firmé”. En su caso, el SSC fue condenado a indemnizarla.
Otro caso conocido dentro del SSC es la de la exjefa de Comunicaciones del SSC, quien fue desvinculada poco después de reintegrarse. “Mi diagnóstico fue una sentencia laboral”, asegura esta profesional, quien explica que fue despedida justo después de enfrentar un tratamiento contra el cáncer.
En tanto, una parvularia del Hospital de Coronel, Gisella Concha, asegura que la destituyeron por dar un testimonio en favor de su jefa. La jefa enfrentaba un sumario y, según Concha, estaba siendo acusada falsamente de malos tratos. "Me despidieron por tener consciencia", dice.
Su jefa era Lorena Tardones, quien fue despedida cuando estaba a poco tiempo de jubilarse. Según su testimonio, la acusaron de darle la espalda a otra funcionaria: "El gesto de mover una mesa fue considerado como hostil".
Otras dos de las demandantes sostienen que las rebajas de sueldo, cambios de funciones o despidos, se deben a persecución política de parte de Valenzuela. Una de ellas es la funcionaria Lorena Wolf, quien conocía a Valenzuela desde 2014, cuando éste ejerció como director del Servicio de Salud de Arauco. De hecho, fue despedida por Valenzuela, debido según Wolf, a sus diferencias ideológicas (Wolf fue candidata a concejala en Cañete por la UDI).
El Juzgado de Letras del Trabajo penquista declaró en su sentencia lo siguiente: “Se determina un quebrantamiento al principio de igualdad al someter a la demandante a soportar una diferencia injustificada que afectó sus condiciones laborales, por medio de un acto jurídico administrativo que carece de una motivación comprobable, y que aparece motivado en un criterio sospechoso, cual es la postura o identificación política que detenta la actora y que es contraria a la de las autoridades de turno del servicio”. A pesar de esta sentencia dictada en 2023, Wolf fue despedida a finales del año pasado.
La abogada Carla Montalva es otra de las denunciantes que sostiene que fue removida por motivos políticos. En su caso, relata que ya había tenido problemas con Valenzuela y su equipo en la provincia de Arauco. Después de la llegada de Valenzuela al SSC, asegura que empezó a ser perseguida laboralmente. Por ejemplo, se le cambio de funciones y fue desalojada de su espacio de trabajo. Presentó una tutela y fue calificada con enfermedad laboral por el Instituto de Seguridad Laboral, pero fue despedida en noviembre de 2024.
La abogada Andrea Castro, exfuncionaria del Hospital de Coronel y quien también es una de las demandantes, sostiene que “esto lamentablemente es un modo operandi que se instaló en el servicio y en la red asistencial. Lo que está pasando es que los funcionarios concurren a los tribunales, demandan de tutela, se generan fallos condenatorios y lo que hace el servicio es no acatar esos fallos”.
Castro fue despedida en 2022, pero un fallo en su favor ordenó su reintegro y una indemnización. Fue nuevamente desvinculada, por correo electrónico, dos semanas después de haberse reintegrado. Otra vez demandó, y luego de más de un año de litigio, ganó el caso y se reintegró en febrero de 2024. Pero al llegar al Hospital de Coronel para retomar funciones, fue despedida. Actualmente está en un tercer juicio. “Como no es dinero de ellos, no les importa hacerle la vida imposible a los funcionarios. Prefieren tener que pagar sentencias, con costo para todos los chilenos, que dejarnos trabajar”, dice Castro. Según Castro, su caso es uno de los asociados a la persecución que se realizó contra funcionarios que venían de la administración anterior, la del fallecido doctor Carlos Grant.
Víctor Valenzuela, actual director del SSC y quien es señalado por las denunciantes como el responsable de sus desvinculaciones, es militante socialista y antes de llegar al SSC ejerció cargos en la Provincia de Arauco. Es conocida su amistad con uno de los hombres fuertes en esa zona, hasta su formalización el año pasado por violación: el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
De hecho, en un video en facebook que aún se puede ver en el perfil de Monsalve, se puede ver a este último entrevistando a Valenzuela. Esto en el marco de la campaña de Valenzuela a consejero regional.
Valenzuela también fue asesor en salud de la Municipalidad de Renaico. El alcalde de esa comuna en ese tiempo era Juan Carlos Reinao, también cercano a Monsalve. Reinao actualmente está imputado como presunto autor consumado de cuatro delitos de violación, tres de abuso sexual agravado y aborto.
A través de un correo enviado desde la Jefatura de Comunicaciones del Servicio de Salud de Concepción, el organismo respondió a Sabes respecto a varios de estos casos. El SSC sostiene que algunas de las funcionarias demandantes han cometido acoso laboral o irregularidades.
Por ejemplo, en el caso de la exjefa del Prais, Francisca Vera, la actual administración responde que tiene más de 400 días de licencia médica en los últimos dos años. Respecto a lo dicho por el Servicio, Vera sostiene que la licencia se generó justamente por la persecución sufrida después de hacer la denuncia contra la médico “protegida” por Valenzuela. “Estoy con licencia desde diciembre de 2023, debido a actos de persecución laboral que denuncié judicialmente. Revictimizar a una trabajadora enferma es una forma cruel de violencia institucional”, asegura.
En el de la abogada Andrea Castro, el organismo asegura que “fue acusada de actos de maltrato laboral en diferentes causas judiciales”. Castro respondió que no existe sentencia alguna contra su persona. “A diferencia de ello, actualmente existen múltiples fallos firmes del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción que establecen vulneraciones graves de derechos fundamentales cometidas por actuales directivos del SSC, sin que hasta la fecha se haya instruido sumario alguno (en esa institución)”, manifiesta.
En el de la abogada Carla Montalva, el SSC sostiene que fue “previamente sometida a un sumario administrativo por falta a la probidad por patrocinio de causas judiciales en contra del fisco, mientras ejercía como funcionaria pública del hospital, lo que actualmente se mantiene en investigación”. Ante esta acusación, Montalva respondió que “la alusión del SSC a un supuesto sumario en mi contra es impertinente, maliciosa y contraria a derecho, ya que no guarda relación alguna con los actos administrativos que ordenaron mi desvinculación. Dicho proceso disciplinario se encuentra en etapa investigativa, no se me han formulado cargos y está sujeto a secreto legal. Mencionarlo públicamente vulnera dicho secreto, transgrede la presunción de inocencia y confirma la mala fe del SSC”.
En el caso de la exjefa de Comunicaciones, el SSC sostiene que “dejó de pertenecer a la institución a partir del 1 de enero de 2025 en atención a su desempeño, resultados y acusaciones de malos tratos”. Además el SSC asegura que la periodista sólo presentó licencia de enfermedad común.
La periodista respondió que “tras enfrentar un cáncer y reincorporarme a mi trabajo con la voluntad de seguir aportando, lo primero que recibí fue presión para renunciar. Luego vino un traslado arbitrario y, finalmente, mi desvinculación, sin sumarios ni procesos formales.
Ahora el Servicio de Salud Concepción intenta justificar lo injustificable, difundiendo imputaciones falsas sobre mi desempeño”.
En el caso de Lorena Wolf, el SSC entregó la respuesta más compleja. Según el organismo, “en el ejercicio de sus funciones, la funcionaria fue notificada por el Juzgado de Garantía de Concepción de una querella criminal por el delito de amenazas y hurto de joyas y dinero en efectivo, lo que actualmente se encuentra en tramitación y que supone un motivo para no permitir su reingreso a la institución”.
Wolf sostiene que los datos entregados por el SSC son “maliciosos, revictimizantes y expresivos de mala fe”. Esto debido a que la querella que mencionan fue interpuesta por una mujer y su hijo que hace unos años agredieron a la funcionaria, hechos por los cuales ambos fueron condenados penalmente. Por ello, según Wolf, la querella fue una búsqueda de venganza de los condenados. “El SSC omite deliberadamente este antecedente esencial y utiliza esa querella pendiente, interpuesta por personas ya condenadas, como estrategia maliciosa para eludir dar una respuesta razonable frente a mi nueva desvinculación”. En este caso hay un fallo del Juzgado del Trabajo de Concepción que ordena el reintegro de Wolf, el cual hasta la fecha no se ha concretado.
En abril de este año las denuncias contra la actual dirección del SSC llegaron hasta la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Siete funcionarias que tienen causas abiertas asistieron a una de las sesiones para entregar sus testimonios a los diputados. "Se sienten por sobre la ley, inamovibles e intocables”, declaró la abogada Andrea Castro en esa sesión.
Diego Ibáñez, diputado del Frente Amplio, reconoció en la instancia que este tipo de prácticas es más común de lo que parece. “También soy de este gobierno y conozco muchos casos, lo digo con responsabilidad. Esto también pasa en otro servicio de salud, el de Aconcagua, por ejemplo”, dijo.
Los diputados acordaron enviar los antecedentes tanto a Contraloría como al Ministerio de Salud.
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