La “pax armada” que surgió entre la tarde del miércoles y el jueves tras la votación en la Comisión Mixta de la Ley de Fraccionamiento, finalizó abruptamente a raíz de las cifras para el Jurel.

Lo anterior se debe a que desde la industria comenzaron los cuestionamientos, puesto que acusan un desmedro en esta pesquería, ya que “el solo crecimiento de la cuota global del jurel permitía financiar el proyecto. Finalmente, parlamentarios de otras regiones acogieron el llamado del Ministro Nicolás Grau y terminaron colocando un impuesto exclusivo para la Región del Biobío, que ya enfrenta graves problemas de estancamiento económico y desindustrialización”, acusó la presidenta de los Pescadores Industriales, Macarena Cepeda.

La dirigenta complementó con que “el Chile pesquero líder y su capital mundial que es la Región del Biobío quedan en una posición de desmedro, de mayores costos y menos competitividad. Eso no será gratuito. Las empresas tendrán que ajustar sus costos, enfrentarse a más estrechez operacional, menos mano de obra, entre otros efectos. Sin duda, hoy este sector industrial que empuja la actividad económica del Biobío se enfrenta a un futuro que no será como el que conocemos”.

Desde Irade, en tanto, aseguraron que “la reciente implementación de la patente sobre las cuotas de pesca de Jurel transadas internacionalmente, que podría generar un sobrecosto cercano al 30% por tonelada para las plantas procesadoras del Biobío. Esta medida, de alto impacto para la industria de conservas y congelados, pone en riesgo cientos de empleos formales y la continuidad de operaciones de empresas que abastecen tanto al mercado interno como externo”.

Landes por tasas al Jurel

En ese sentido, desde Landes, el gerente general, Andrés Fosk, apuntó a que “el impuesto que se pretende imponer sobre el jurel es técnicamente injustificable, ignora la realidad económica del sector y pone en serio riesgo la continuidad operativa de Landes”.

Fosk agregó que “no estamos hablando de ajustes menores, sino de un sobrecosto arbitrario y desproporcionado, resultado de una mala política fiscal, que puede traducirse en despidos masivos, paralización de faenas y pérdida de competitividad frente a otros países. Talcahuano no merece este trato. No es coherente que el gobierno afirme querer proteger las industrias, mientras impulsa leyes que las dañan estructuralmente”.

Mayor cuota de captura del Jurel para lograr el fraccionamiento

A lo que apuntan desde la industria es el aumento en la cuota de captura del Jurel, que fue solicitado por nuestro país en febrero pasado, en medio del debate por la Ley de Fraccionamiento. Esta solicitud ocurrió durante la última sesión de la Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur que se realizó en la capital.

La delegación del Gobierno de Chile, encabezada por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, presentó una enmienda a las medidas de conservación y ordenamiento aprobadas el año pasado para Jurel, orientada a aumento de la cuota en un 44% respecto al 2024, es decir, pasar de 1.135.297 toneladas a 1.631.645 toneladas, cosa que se logró.

En esa ocasión, el Subsecretario de Pesca, Julio Salas expresó que “podemos celebrar formalmente  aquello que la ciencia ha estado evidenciando durante los últimos cinco años. Y esto es que la principal pesquería de nuestro país, el Jurel, está en perfecto estado de salud. Así lo certifica el  informe del XII Comité Científico celebrado en septiembre del 2024 en Lima”.

La autoridad complementó que “Chile extrae por asignación directa o por compra, el 90% de la cuota global de Jurel, destaco que durante el 2024, todo ese recurso fue extraído por embarcaciones nacionales dentro de la Zona Económica Exclusiva. Chile tiene capacidad de pescar y procesar más Jurel, incluso de comprar la cuota de aquellos países que no puede procesar la suya”.

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