Dorothy Pérez está cumpliendo ocho meses desde que inició su mandato en la Contraloría General de la República, ordenando fiscalizaciones que destaparon, por ejemplo, las licencias médicas fraudulentas presentadas por 25.078 funcionarios públicos.
La actual contralora ingresó al organismo en el 2004, pero en el 2018 Jorge Bermúdez le solicitó la renuncia por "pérdida de confianza". Luego elevar un recurso de protección -que ganó-, le tocó asumir como subrogante y en noviembre del 2024 asumió como la máxima autoridad.
Su gestión se ha caracterizado por la emisión de diez Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) y lapidarias auditorías desde enero del 2025.
Una auditoría detectó irregularidades en los gastos y transferencias de los seis Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes. La entidad iniciará sumarios.
Entre los hallazgos destacan el destino de $31.366.179 a asesoramiento sobre la contingencia política y la campaña electoral del gobernador metropolitano Claudio Orrego. Un saldo pendiente por rendir de $4.202.867.306 desde el 2021 bajo la administración de Ricardo Díaz en Antofagasta. En Los Ríos habrían ocurrido en algo similar, con $8.651.017.491 por rendir en transferencias al sector público. En La Araucanía se contrató una investigación por $49.980.000 que incluyó una evaluación a Luciano Rivas.
El uso de redes sociales es otra arista preocupante, como en Tarapacá, que se potenció a candidatos mediante los medios institucionales. O en Magallanes, donde se contrató a trabajadores a honorarios para llevar las redes de Jorge Flies, darle difusión, publicidad y cobertura periodística.
Entre el 2023 y 2024, un total de 25.078 funcionarios del sistema pública realizaron viajes fuera del país mientras tenían licencia médica, constató la Contraloría en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9. Por este ya se han cursado 6.592 sumarios en 133 servicios del Estado.
Además, más de mil trabajadores -y contando- han renunciado a sus puestos, incluyendo a la cuñada del presidente, Fiona Bonati. El mandatario Gabriel Boric señaló que "nosotros hemos tenido un solo principio: caiga quien caiga. No importa si es familiar, amigo, cercano, del partido político o donde sea, a todos por igual".
Esta investigación implicó un cruce de información entre las bases de datos de los permisos fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), y la Policía de Investigaciones (PDI) sobre entradas y salidas del país. Del informe se desprendió el grave caso de Pemuco, cuyos siete médicos se dieron licencias entre si y dejaron sin atención a la comunidad usuaria.
En la región se conoció que la Universidad del Bío Bío mantiene una deuda de $6.883 millones, acumulada entre el 2020 y 2023, por anticipos del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) que se destinaron a la cuenta de sueldos. El mismo destino tuvieron tres transferencias de $3.000 millones cada una.
Contraloría también detectó eventuales conflictos de interés en contrataciones de empresas y trabajadores a honorarios, quienes tendrían vínculos de parentesco y lazos familiares con directivos de la UBB.
Por este se instruyó que la casa de estudio debe iniciar sumarios, de los cuales ya comenzó 12. "Se están analizando todos los antecedentes con mucha celeridad", señaló la secretaria general Romina Baeza a BBCL, asegurando que es "una situación muy puntual, no generalizada".
Pocos días después del CIC que reveló las licencias médicas fraudulentas, la administración de Dorothy Pérez develó que 250 médicos aprovecharon el reposo para asistir partos en clínicas privadas.
Entre el 2023 y el 2024, se habrían emitido 440 permisos, un 27% provenientes de Fonasa y un 73% de Isapres, para acudir a 710 alumbramientos. Es más, un funcionario se otorgó a si mismo una licencia para atender un nacimiento.
La contralora Pérez se presentó ante la Comisión de Salud del Senado tras la publicación del CIC N°9 con la mira en futuras investigaciones.
Por un lado, la fiscalización de licencias médicas se desplegará sobre los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, mediante un cruce de información de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
Esto es parte de una veintena de informes que prepara la entidad de control, señaló BBCL. Desde la existencia de dobles empleadores, inmuebles fiscales que están ocupados de forma irregular, rendiciones pendientes en embajadas y consulados, permisos médicos rechazados, hasta otras áreas bajo la lupa de Dorothy Pérez y su equipo.
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