La Contraloría General de la República auditó los gastos y transferencias de seis Gobiernos Regionales, hallando múltiples irregularidades en cada institución. El análisis fue dado a conocer este miércoles 4 de junio, a través de una publicación oficial del organismo. En este, se detalla que Contraloría revisó el movimiento de dineros en los gobiernos locales […]
La Contraloría General de la República auditó los gastos y transferencias de seis Gobiernos Regionales, hallando múltiples irregularidades en cada institución.
El análisis fue dado a conocer este miércoles 4 de junio, a través de una publicación oficial del organismo. En este, se detalla que Contraloría revisó el movimiento de dineros en los gobiernos locales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, entre enero y septiembre de 2024.
Uno de los principales objetivos de la investigación era analizar "las transferencias efectuadas por cada GORE al sector privado, detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas".
En el caso de la región capitalina, se verificó el pago de $31.366.179 para la contratación del "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024". Esto consistía en supuestas sesiones de coaching, lo cual Contraloría determinó que no fue cierto; puesto que realmente se habría tratado de acciones relacionadas a la contingencia política y electoral del gobernador Claudio Orrego.
Por esto, el ente público anunció un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas, además de remitir la información al Ministerio Público.
Junto a aquello, Contraloría también evidenció la adquisición de múltiples bienes y servicios a través del trato directo, por un total de $51.753.665, "en las cuales no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma".
También está lo relacionado a la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A Agencia en Chile, por $46.154.150. Según lo investigado, "la entidad no aportó antecedentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones por contrato". De igual modo, se corroboró la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada, por $109.302.180, del cual el Gobierno Regional no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El primer problema detectado, y el que puede ser el más grave, es que el Gore Tarapacá no cuenta con un detalle de las transferencias pendientes de rendición pactadas. Esto incumple las normas de transparencia de información financiera de este tipo de organismos.
A eso, se suma el "mal uso de las redes institucionales del GORE para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección, lo que resulta ajeno a las funciones propias de la entidad pública". Igualmente hubo gastos improcedentes, como fue el caso de dos contrataciones a honorarios, por un total de $7.781.253.
La situación en Antofagasta es preocupante, pues Contraloría identificó que el Gore mantiene un saldo pendiente de rendir de $4.202.867.306. Esto, según la institución, "deja en manifiesto la falta de adopción de medidas por parte de la entidad para requerir las rendiciones de fondos que datan de al menos el año 2021".
Similarmente, al 30 de septiembre de 2024, el Gobierno Regional de Antofagasta mantiene montos observados, solicitados a reingresar o rechazados a entidades receptoras de recursos por un total de $4.856.481.471. Esto demostraría que existe una falta de resguardo de recursos públicos que se entregan a instituciones privadas.
"Irregularidades en las bitácoras de vehículos fiscales; mal uso de las redes institucionales y el contrato de prestaciones de servicios a honorarios por tareas correspondientes a labores habituales", son las demás problemáticas halladas en el estamento.
En La Araucanía, destacan dos situaciones de contrataciones de servicios con características irregulares. Primero, está la empresa Ananda Comunicaciones SpA, la cual entregó una "Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital" por un monto de $49.980.000.
Entre otras cosas, realizó una "evaluación ciudadana" de la figura del ex gobernador Luciano Rivas, lo cual "no se ajusta al principio de probidad". Por este aspecto del servicio contratado, la Contraloría formulará el reparo de la totalidad del dinero entregado.
Similarmente, el Gobierno Regional contrató, por medio de un trato directo injustificado, al proveedor Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA., por un monto de $69.537.672. sin la debida justificación de dicho valor.
En la región de Los Ríos, hay más de 200 registros de recursos transferidos pendientes de rendición de cuentas al sector público que suman un total de $8.651.017.491. Sobre aquello, Contraloría señaló que "el Gore deberá ajustar sus procedimientos de control y resguardo de aportes transferidos al sector público".
Además, presenta saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipos, pendientes a rendición de cuentas. Por esto, se instruyó a la institución a iniciar un sumario para esclarecer las eventuales responsabilidades en la falta de control.
También detectó 162 pagos de viáticos a 17 funcionarios por labores que estaban directamente vinculadas a sus labores habituales. Aquello, por un total de $5.588.059.
Finalmente, en el Gobierno Regional de Magallanes se reportó una falta de probidad grave por parte del gobernador Jorge Flies. "Servicios de publicidad, difusión, cobertura periodística y manejo de las redes sociales" de la autoridad magallánica fueron evidenciados, por lo que deberá implementar acciones para garantizar que la difusión se centre en las actividades como entidad electa y como político de forma individual.
Igualmente se vieron irregularidades en los informes de actividades de al menos 25 profesionales contratados para la prestación de servicios a honorarios, con aprobaciones no correspondidas y pagos con listados de tareas genéricos. Y se menciona también que el gobernador Flies habría excedido el máximo de 300 litros de carga de bencina a su vehículo por más de cinco meses.
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