Multan a joven de 22 años con autismo severo, actualmente postrada, por no haberse presentado a votar en las elecciones de 2023. Instituciones de salud como el CESFAM de su sector están al tanto de su condición, siendo incluso beneficiaria de atención domiciliaria.

Este caso pone en cuestión el respeto a los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad, ya que muchas familias enfrentan situaciones similares. En algunos casos, se han visto obligadas a pagar estas multas para evitar sanciones como la reclusión nocturna.

Cristian Jerez, padre de la joven, señala que las instituciones responsables cuentan con la información necesaria para excluirla del proceso electoral. Además, indica que presentó los certificados médicos correspondientes durante el período de votación, precisamente para evitar este tipo de situaciones, por lo cual presentó un recurso de protección ante tribunales de justicia.

Multan a joven postrada tras las elecciones de 2023

Hace algunos días, el Servicio Electoral notificó en su domicilio a Lizbeth Jerez con una multa de 0,5 UTM por haber infringido el artículo 142 de la Constitución Política, al no presentarse a votar en las elecciones generales del 17 de diciembre de 2023. La carta también advertía que, de no pagar la multa en un plazo de cinco días, se aplicaría una noche de reclusión como medida sustitutiva.

En el recurso de protección presentado por Cristian Jerez, junto al abogado Óscar Ulloa y el exsenador Alejandro Navarro, se indica que ha debido dejar de trabajar para llevar adelante este trámite judicial y así evitar que su hija, quien se encuentra en una situación de dependencia funcional absoluta, enfrente consecuencias legales injustas.

La falta de organización de las entidades encargadas

En lo conversado con Ulloa, señaló que "la falta de coordinación está como una obligación de todos los servicios públicos en la Ley de Bases Generales de la Administración y Estado, ley 18.535, que derechamente no la están cumpliendo. El recurso principalmente habla de lo que acabo de decir".

También agregó que "estamos pidiéndolo a la corte, primero que le ordene informar a todos estos servicios públicos por qué no han, por así decirlo, cumplido este deber de coordinación y, segundo, dejar sin efecto la multa. Y lo que es primordial en este caso para este padre es que derechamente a esta niña la saquen del padrón electoral porque no puede votar y no va a poder votar nunca".

Por su parte, el padre de la joven indicó que "encuentro insólito que personas como mi hija, como muchas personas a nivel del país, tengan la obligación de ir a votar. Incluso yo no debería ir a votar tampoco porque no la puedo dejar sola. Pero lo hago porque si no me voy a meter en problemas. Imagínate, pasa un año, te llega una multa, te llega una carta que te la dejan tirada en la reja. Si no la veo, no me enteraría del asunto".

La propuesta de ley de Navarro

En conversaciones de Sabes, con Alejandro Navarro, señaló la falta de una ley que respalde a los cientos de familias que se encuentran en esta situación, en busca de encontrar soluciones tanto para las personas en discapacidades como para sus cuidadores, quienes en muchas ocasiones deben dedicarse al 100% al cuidado de estas.

Respecto a la ley que busca implementar, Navarro indicó que "estamos construyendo una propuesta de proyecto de ley con padres cuidadores, con madres cuidadoras y con cuidadoras, de tal manera que el congreso pudiera despacharla antes de las elecciones y evitarle este mal rato a cientos y cientos de familias".

También agregó que "son los cuidadores y las cuidadoras los que pasan un tremendo mal rato y una angustia que podemos evitar si el Estado se pone las pilas y se coordina para cruzar los datos".

Según detalla Navarro, este proyecto "lo que establece es una modificación a la Ley General de Elecciones Populares, que establece la obligación de la coordinación para la exclusión del padrón. Esto ocurre cuando hay personas con condena penal que son excluidas. Eh, no pueden votar. Es lo mismo, pero aquí las personas están enfermas o con discapacidad severa. Por lo tanto, hace obligatorio que, en este caso, el ejército civil y todos los servicios, el Ministerio de Justicia, en este caso o en el caso de lo penal, informen al servidor con la debida antelación.

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