Violencia vicaria digital es el nombre que recibe un nuevo tipo de agresión que afecta a madres y sus hijos mediante la tecnología, alertó Amaranta ONG en marco de los dos años de la Ley Papito Corazón. Mujeres que atraviesa una separación o procesos judiciales están vulnerables a esta modalidad.

La organización detectó que esta puede ocurrir en redes sociales e Internet, como el acoso y hostigamiento mediante perfiles falsos o mensajes. Y también a través de herramientas como software de duplicación de pantallas, geolocalización y la manipulación de imágenes con inteligencia artificial (IA).

Testimonios entregados a la ONG evidencian los extremos a los que pueden llegar: "cuando nos estábamos recién separando, me di cuenta en mi notebook que había buscado todos los lugares por donde yo había transitado con Google Maps". "Él le había puesto un software que replicaba mis WhatsApp en otro dispositivo"; "lo pillamos desbloqueando el celular de mi hija mayor con su dedo mientras dormía, para revisar nuestros mensajes"; dijeron algunas víctimas.

A pesar de ser vulneraciones a la seguridad y privacidad de las madres, e instrumentalizando a los hijos con ese fin, estos hechos no necesariamente son considerados en los procesos judiciales.

"Es urgente reconocer que en internet se puede replicar e incluso amplificar la violencia de género. Esto sumado a la falta de alfabetización digital y de desconocimiento de este tipo de conductas por parte de los profesionales que orientan las causas en tribunales de familia y en SERNAMEG, provoca una indefensión de las maternidades judicializadas, y que las expone a riesgos donde incluso su vida se puede encontrar en peligro", señaló la investigadora Karen Vergara.

Las consecuencias de vivir bajo este asedio digital puede llevar a la autocensura en redes, aislamiento y ansiedad por miedo a las represalias.

Amaranta ONG exige Ley de Violencia Digital

Para validar este nuevo tipo de violencia, el equipo de Amaranta propone siete medidas que puede tomar el Estado de Chile:

1. Capacitación obligatoria en violencia digital y perspectiva de género para jueces, fiscales y defensores públicos.
2. Reconocimiento de la violencia vicaria digital y su incorporación a la legislación vigente.
3. Implementación de protocolos de seguridad digital en procesos judiciales de familia, así como protección para los afectados
4. Desarrollo de plataformas de comunicación seguras y no revictimizantes para madres e hijos e hijas.
5. Mejora del acceso a apoyo legal y psicológico especializado para la atención de víctimas.
6. Aprobación urgente del proyecto de Ley de Violencia Digital, pendiente en el Senado.
7. Promoción de campañas de sensibilización y educación digital para prevenir y reconocer la violencia vicaria digital.

Aquí puedes revisar el estudio.

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