Con duros cuestionamientos a la forma en que la administración de Rodrigo Díaz hizo entrega de los recursos públicos que maneja el organismo a distintas instituciones de la sociedad civil, el gobernador Sergio Giacaman.

La instancia se concretó en el Salón Mural del Gobierno Regional, a la cual asistieron diversas autoridades como alcaldes, seremis, rectores, representantes del mundo gremial, de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros.

La cuenta pública del gobernador Giacaman

Durante su alocución, Giacaman cifró en 22 los proyectos que se encuentran cuestionados, “que tienen nombres muy creativos y que poco dejaban a la Región y que aportaban al trabajo de la Fiscalía. No había registro del 60% de los recursos y solo en 21 programas se transfirieron más de $9 mil millones. Uno de ellos es el de la Fundación Leitat, que nos prometía llevar al espacio y más bien nos llevó a Tribunales”.

La autoridad complementó con que “esta auditoría fue contratada por la administración anterior, la que demostró la existencia de una falta de trazabilidad, por ejemplo, Contraloría nos habla de ocho sumarios en curso, pero nosotros conocíamos de dos, y el resto lo seguimos buscando. Falta de lineamientos estratégicos, falta de lineamientos estratégicos, incumplimiento de jerarquía en la toma de decisiones financieras. Todo lo anterior muestra un desorden brutal”.

Futuro de Rodrigo Díaz

Entre los asistentes se abogó por el futuro de Rodrigo Díaz, para que exista una responsabilidad por parte de la ex autoridad.

Lo anterior se debe a que por la actual norma, Díaz no podría ser llevado al Tribunal Electoral Regional, ni tampoco podría enfrentar una acusación constitucional.

Ante esto, el gobernador Giacaman aseveró que “no hay ley que permita esta situación en casos reñidos con la probidad y yo espero que esto cambie. Los consejeros tienen toda la información y que pueda avanzar en toda la materia”.

Mientras que el alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación Regional de Municipios del Biobío, Ricardo Fuentes, consideró que “esta al debe el tema de la investigación, a los alcaldes se les acusa a los seis meses, y a los gobernadores regionales, por lo que debe existir una norma. Se está siguiendo a dónde fueron a parar los dineros y uno como alcalde es responsable, pero en este caso, el hilo se está cortando por lo más delgado”.

A su vez, vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo abogó por la restitución de los dineros, “se tiene que hacer la devolución de los dineros, acá se necesita una investigación profunda ya que estamos ante el financiamiento irregular de la política. Se debe recurrir al TER, Contraloría y al CDE para que se busque a los autores intelectuales en esta trama”.

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