
Más de 50 días de paro: Trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial exigen cumplimiento de acuerdo
El paro de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) lleva más de 50 días, y aún no hay respuesta por parte del Ministerio de Justicia.
Se trata de una movilización nacional, en la que funcionarios y funcionarias de la CAJ denuncian el incumplimiento de un protocolo de acuerdo firmado en 2023 por el entonces subsecretario y actual ministro de Justicia.
También acusan una grave precariedad en las condiciones laborales y la falta de voluntad política para resolver el conflicto.
Entre las cuatro corporaciones, hay más de 3.000 trabajadores a lo largo del país. La corporación del Biobío reúne a cerca de 1.000 funcionarios, siendo la más grande en Chile, ya que cubre seis regiones, desde Ñuble hasta Coyhaique.
"No tienen la implementación suficiente para trabajar"
Lorena Lobos, presidenta regional de la ANEF Biobío, recalcó la importancia de estos organismos, que atienden a personas en situación de vulnerabilidad en el país. "Aquí concurren cientos de miles de familias por distintas causas y ellos (los trabajadores) no tienen la implementación suficiente para trabajar. No tienen ni los escritorios, ni lo básico para trabajar, un computador, y que son reivindicaciones que se están pidiendo por años y lograron el año pasado un protocolo de acuerdo que firmó la autoridad de turno, y que no se ha dado cumplimiento, por falta de recursos", indicó Lobos.
"Esto es ahora, no en 4 o 5 años más"
Respecto al paro, desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial (AFun), el dirigente Ricardo San Martín Pineda advirtió sobre la falta de garantías para que el nuevo servicio de acceso a la justicia cuente efectivamente con los recursos necesarios.
San Martín indicó que "si ellos no son capaces de poder cumplir el protocolo firmado en 2023 con la reivindicación de los salarios del personal, del estamento administrativo, ¿quién nos asegura que el nuevo servicio de acceso a la justicia va a tener los recursos necesarios para poder implementarse a nivel país?".
El dirigente agregó que "nosotros vamos a continuar en la lucha hasta que el actual ministro cumpla la palabra y con el protocolo firmado el año 2023. No podemos esperar más, ya llevamos 40 años esperando que se pongan los pantalones largos. Esto es ahora, no en 4 o 5 años más, cuando no tenemos la certeza de si ellos van a contar con los recursos necesarios para poder implementar el nuevo servicio”.
"50 días en paro para que recién hubiese una primera oferta"
Enrique Águila, director nacional de la Asociación de Funcionarios, explicó los detalles del acuerdo y la serie de incumplimientos que llevaron al paro indefinido, señalando que el "protocolo contemplaba el tener que homologar las remuneraciones de los funcionarios en una primera etapa, el año 2024, las personas que son no profesionales, y una segunda etapa el año 2025 con las personas que son profesionales".
"La primera etapa se cumplió más o menos relativamente, hubo un acortamiento de brecha muy bajo y este año comenzamos en 2025 sin ninguna noticia del ministerio. Por esa razón, el día 13 de marzo se le envió una carta por el organismo que nos une a las ocho asociaciones que son parte de las cuatro corporaciones del país, que es la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ)", agregó el director de la AFun.
Luego de esta carta, los dirigentes indicaron que a contar del 2 de abril empezaría la movilización de forma indefinida a falta de respuestas del Ministerio de Justicia, que dura hasta la fecha.
"Llevamos 50 días en paro para que recién hubiese una primera oferta. Lamentablemente, la gente que está en el ministerio hoy día no es seria porque la oferta que nos hicieron no la podían cumplir", señaló Águila.
"La DIPRES vino y dijo que no hay plata"
Águila también agregó que "la DIPRES vino y dijo que no hay plata y resulta que no nos pueden cumplir la oferta que nos hicieron y por eso seguimos hasta el día de hoy en paro. Los principales requerimientos que necesitamos son dignidad para nuestra gente, porque la persona que trabaja en Concepción no gana lo mismo que la persona que trabaja en Santiago, no gana lo mismo que la persona que trabaja en Valparaíso y eso no puede ser porque somos un mismo servicio".
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