Fiscal Nacional Ángel Valencia aborda “pinchazo” al teléfono de Miguel Crispi: "Isabel Allende ya tiene calidad de imputada en la causa”
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió este domingo al “pinchazo” del teléfono de Miguel Crispi, asesor del presidente Gabriel Boric, en el marco del caso Allende. Frente a las consultas, Valencia recalcó que se trata de “una diligencia realizada en el marco de una investigación que tiene carácter reservado” y lamentó que, pese a las restricciones, los antecedentes terminen filtrándose a la prensa.
“Cuando se vencen los plazos de secreto y estamos obligados a entregar copia, estos antecedentes comienzan a divulgarse”, explicó. Por ello, insistió en que se debe modificar la ley para evitar que documentos sensibles se entreguen a todos los intervinientes, incluidos aquellos que “ni siquiera son probablemente víctimas de los hechos”.
Situación procesal de Isabel Allende
Consultado sobre si estos nuevos antecedentes complicarían la situación de la senadora Isabel Allende, Valencia aclaró que no corresponde afirmar si los registros telefónicos provienen o no de la investigación. Sin embargo, recordó: “La senadora Allende ya fue citada a declarar a la fiscalía y decidió guardar silencio. Eso corresponde a una persona que tiene la calidad de imputada en la causa”.
El fiscal fue enfático en señalar que la condición de imputada no significa automáticamente que se formalizará la investigación en su contra, sino que es parte del estado actual del proceso. “Es una situación que ya viene desde hace bastantes semanas atrás, no es un asunto novedoso”, puntualizó.
En cuanto a la incautación de los teléfonos de Crispi y Allende, Valencia evitó dar detalles, aunque reiteró que las diligencias como las interceptaciones telefónicas requieren una autorización judicial previa. “Los jueces no son notarios. Su rol es controlar si hay mérito, proporcionalidad y justificación para estas medidas”, destacó.
Valencia confía en la labor judicial
Respecto al funcionamiento del sistema, Valencia reafirmó la confianza en el procedimiento judicial: “Si un juez estima que la autorización judicial no es procedente, simplemente no la otorga. Es un mecanismo establecido para proteger garantías constitucionales”, subrayó.
La intervención del Fiscal Nacional puso énfasis en los desafíos estructurales del sistema procesal chileno, particularmente sobre el manejo de información reservada, al mismo tiempo que aclaró la actual situación de personajes públicos implicados en investigaciones de alta sensibilidad.
Revisa aquí más noticias de Chile. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías, datos y contingencia nacional e internacional.
