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El reciente atentado incendiario a la central hidroeléctrica Rucalhue, que causó la destrucción masiva de maquinaria e infraestructura, ha generado preocupación sobre la viabilidad del proyecto y la seguridad en la Macrozona Sur. En medio de este escenario, SABES conversó con Diego Vio, gerente legal de Rucalhue Energía, quien abordó el impacto del ataque en la inversión y la seguridad, así como la responsabilidad del Estado frente a estos hechos.
¿El complejo proceso permisológico y ahora de seguridad con el atentado incendiario, pone en duda la continuidad del proyecto Rucalhue?
“Este es un proyecto que ha confiado en la institucionalidad chilena, a pesar de las dificultades que ha tenido durante su tramitación, y lo hacemos en la certeza de que es una contribución al desarrollo energético de Chile, y concretamente al desarrollo económico y social de las comunas donde nos emplazamos. Pero evidentemente, estos son problemas que impactan, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del desarrollo del proyecto, y desde el punto de vista también de la posibilidad de desarrollar otros proyectos.
Junto con esto, también hay un impacto en toda la comunidad, partiendo de que el 60% de nuestros trabajadores provienen de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. Aquí se ven afectadas personas que viven en las comunidades, que son vecinos, y, de cara a ellos, son necesarias medidas que asuma el Estado de Chile para garantizar su seguridad.
Nuestra convicción no ha cambiado, pero sin duda, este acto remece un poco la confianza y debería llamar a la reflexión a todos, sobre cómo se están haciendo las cosas en Chile y cómo la institucionalidad es capaz de enfrentar este tipo de temas.”
¿Hay una responsabilidad del Estado?
“Nuestra impresión es que lo que vivimos en las horas de ayer es un atentado contra la institucionalidad del Estado de Chile, y es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de esto. Esto es un atentado a la forma en que se desarrollan los proyectos en nuestro país.
El gobierno ha decidido tomar este caso como un caso terrorista y nos parece bien, porque creemos que es el Estado el que tiene que luchar contra estos actos terroristas, no las empresas privadas.
Nosotros vamos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, pero efectivamente, a la luz de los hechos, las medidas de seguridad son insuficientes y es necesario tener ciertas garantías sobre qué medidas se pueden implementar en la zona para poder desarrollar el proyecto y que los trabajadores también puedan desarrollar su trabajo de forma tranquila.”
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