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La arista más compleja da cuenta de 86 mil millones de pesos en fondos sin rendir o que no han sido reintegrados. La mayoría se trata de montos entregados a organizaciones e instituciones. Aunque el exgobernador Rodrigo Díaz respondió a Contraloría que buena parte de los fondos corresponden a saldos de proyectos con situaciones pendientes, que aún estaban en ejecución, o que estaban bajo investigación del Ministerio Público, el organismo mantuvo la observación.
Miles de millones en fondos sin rendir o pendientes de ser reintegrados, sobreconsumo de combustible en el vehículo asignado al gobernador, uso por parte de consejeros regionales de las dependencias del edificio de la Gobernación para grabaciones de su campaña electoral, informes de asesoría casi idénticos y funcionarios que debieron trabajar horas extra excesivas, fueron algunas de las irregularidades detectadas por Contraloría en una fiscalización efectuada durante el 2024.
La auditoría 823 de 2024 se enmarcó en los gastos ejecutados por la repartición, además del estado de sus transferencias y el uso de los recursos públicos. El informe fue entregado en diciembre a Rodrigo Díaz Wörner, en ese entonces gobernador.
Contraloría catalogó como “altamente compleja” las observaciones respecto a los saldos que no han sido rendidos o reintegrados. Estos suman más de 86 mil millones de pesos y corresponden en gran medida a fondos entregados a distintas organizaciones, públicas y privadas, para proyectos.
"Situaciones pendientes"
El en ese momento gobernador, Rodrigo Díaz, respondió al ente fiscalizador que esos saldos pendientes de rendición corresponden mayoritariamente a proyectos con “alguna situación pendiente por resolver o que se encuentran en ejecución”. En su respuesta añadió que, “de los fondos en análisis, la cantidad de $51.976.014.759, corresponden a transferencias de capital otorgadas a Fundaciones, Corporaciones, Junta Nacional de Bomberos y Universidades, entre otras entidades” y que “además, existen programas bajo investigación del Ministerio Público o que están en procesos administrativos de cierre anticipado de ellos con cobros de garantías”.
A pesar de esta respuesta, Contraloría mantuvo las observaciones y le dio un plazo de 30 días al Gobierno Regional para establecer un plan de trabajo y cronograma “con la finalidad de revisar cada uno de los montos de los casos observados, para luego proceder a examinar, aprobar y contabilizar su regularización o bien iniciar las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes tendientes a la recuperación de los montos en cuestión, según corresponda”. Este proceso no podrá superar los 6 meses de duración.
El informe advierte una serie de debilidades de control interno en el Gore. Entre ellas, no se contaba con manuales de procedimientos y/o instructivos debidamente formalizados que describan las principales rutinas administrativas que deben realizar los funcionarios que intervienen en los procesos de formulación, ejecución, modificación presupuestaria, control y monitoreo presupuestario.
Horas extra, viáticos, combustible e informes de asesores
El informe también incluye una serie de observaciones respecto a las horas extra realizadas por los funcionarios del Gobierno Regional. Por ejemplo, se autorizaron trabajos extraordinarios después de que estos se realizaran, lo que contraviene la normativa vigente. También se detectó funcionarios que trabajaron entre 9 y 12 días contínuos o que trabajaron más de 12 horas en un día.
Contraloría también encontró casos en que funcionarios realizaron cometidos fuera de Concepción, pero que la autorización de estos, incluidos los viáticos, se hizo de forma posterior al viaje. La gran mayoría son dentro de la misma región, pero hay dos viajes al extranjero (no se detallan los nombres de los funcionarios). Uno de ellos fue al Rally de Portugal, con el propósito de difundir la marca Bio Bio Chile, en que se desembolsaron casi 2 millones de pesos en viáticos, y el otro es Argentina como parte del vuelo comercial inaugural entre Concepción y Buenos Aires. En ese último caso se pagaron $1.100.000 en viáticos.
A su vez, el organismo fiscalizador revisó la utilización de los vehículos fiscales. En el caso del asignado al gobernador regional, este tenía un sobreconsumo de casi el doble de combustible que el autorizado por la normativa del Ministerio de Hacienda. Esta cuota máxima es de 300 litros mensuales. Por lo anterior, entre enero y septiembre de 2024 se debieron adquirir 2.400 litros, pero se cargaron 4.788.
El gobernador respondió que esa cuota máxima establecida por el ministerio, no se ajusta a las necesidades del Gore del Bío Bío. Contraloría mantuvo la observación.
Grabaciones de campaña en edificio público
La auditoría detectó que la consejera regional y en ese momento candidata a gobernadora Ana Araneda, usó las dependencias del Gore para la grabación de un video de campaña que publicó en su instagram. El ente fiscalizador encontró la misma irregularidad en los consejeros regionales Luis Santibáñez Bastidas, Pedro Venegas Guerra, Enrique Krause Lobos y Roberts Córdova Bustos, “según consta en la red social personal “Facebook” de cada candidato, durante agosto y septiembre de 2024”, dice el informe. Por lo anterior, la Contraloría ordenó al Gore que en lo sucesivo implemente las medidas de control para evitar esta vulneración a la normativa electoral.
“Los montos que no puedan ser cobrados, serán perseguidos con juicios civiles”
Se le enviaron preguntas al exgobernador Díaz, pero no hubo respuesta. También se le enviaron consultas a la actual administración de Sergio Giacamán respecto a la regularización de los fondos pendientes de rendir. Desde el Gore contestaron lo siguiente: “En varios de los programas en los que se detectaron irregularidades, hemos iniciado los términos anticipados correspondientes y solicitado el cobro de las garantías que los respaldan. Antes de avanzar con cualquier otra revisión, nos enfocamos en cerrar los procesos técnicos y financieros, además de gestionar la extensión de las garantías respectivas. Adicionalmente, se conformó un comité de cierre que, previa coordinación con las divisiones involucradas, se constituirá formalmente esta semana. Su objetivo será llevar adelante el cierre de 64 programas”.
En su respuesta la actual administración añadió que “estamos consolidando la información necesaria para tener claridad respecto de los saldos pendientes. Los montos por reintegro que no puedan ser recuperados mediante garantías, serán perseguidos a través de los juicios civiles”.
