Convivientes tendrán mismo permiso laboral que los recién casados
La crisis en la educación chilena no es novedad, pero su permanencia en el tiempo y la falta de medidas estructurales para enfrentarla resultan cada vez más alarmantes. No se reforma, no se legisla con visión de futuro, la inversión sigue siendo insuficiente y la fiscalización prácticamente inexistente. Las mesas de trabajo no logran unificar criterios, los legisladores diseñan normativas sin experiencia en el aula y las leyes carecen del financiamiento necesario para su implementación.
En el camino, los recursos se pierden y las soluciones reales brillan por su ausencia.
El panorama es claro: seguimos operando con decretos obsoletos como lo es el decreto Supremo 170 del año 2009, el cual fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) que serán beneficiarios de la subvención para educación especial, manteniendo un máximo 5 estudiantes por curso, con necesidades educativas especiales , considerando 3 con necesidades educativas especiales transitorias y 2 con necesidades educativas especiales permanentes , lo cual condiciona la contratación de más personal para suplir la necesidades de todos los estudiantes, que hoy lejos superan el máximo permitido para efectos de la subvención.
Así la inclusión se intenta construir sobre estándares rígidos, sin respaldo económico; un ejemplo de aquello es La Ley TEA, o Ley N° 21.545, una normativa que promueve la inclusión social y educativa de las personas con trastorno del espectro autista (TEA). Fue promulgada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, el 2 de marzo de 2023 , no obstante a pesar de no poseer financiamiento, se suma, además que Superintendencia de educación obliga a los establecimientos a través de la circular 589 a establecer medidas y ajustes para dar respuesta a la realidad de aquellos estudiantes, circular que entró en vigencia al inicio del año escolar 2024.
Es en este contexto, que los esfuerzos humanos dentro de las comunidades educativas se multiplican hasta el agotamiento, en una sociedad acelerada que no da tregua. Y los resultados saltan a la vista. Mientras tanto por otro lado la ley de convivencia escolar aún sigue a la espera.
Si bien el anterior ministro de Educación se destacó por su enfoque en la perspectiva de género, el actual carece de un sello identificable. Es momento de que las autoridades retomen el rumbo y prioricen dos dimensiones clave: la convivencia escolar y la educación especial. No basta con discursos ni con normativas que no llegan a la práctica. Las comunidades educativas están sufriendo, y sin una acción concreta y decidida, la crisis solo se profundizará.
YESSENIA SÁEZ SANHUEZA
Asesora en Normativa Educacional .
Profesora de educación Diferencial mención TEL/DEA.
Magíster en Gestión de Gobierno, Diplomada en Recursos Humanos, Políticas Públicas y Economía.
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